A fin de atender las emergencias causadas por desastres naturales, el diputado federal Jaime Bueno Zertuche presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a constituir un fideicomiso público que pueda proporcionar recursos a los tres órdenes de gobierno.
Tras señalar que México está expuesto a una amplia variedad de peligros geológicos e hidrometeorológicos, terremotos, volcanes, maremotos, huracanes, incendios destructivos, inundaciones, deslaves y sequias que pueden impactar al país, el integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional detalló que entre 1970 y 2009, aproximadamente 60 millones de personas se vieron afectadas por ese tipo de desastres en el país.
El legislador priista reclamó que un Decreto del Ejecutivo federal y diversas reformas legales extinguieran, bajo el falaz argumento de falta de transparencia, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que constituía un instrumento financiero dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, para proporcionar, de manera rápida y eficiente, recursos financieros para atender los efectos que produjeran estos fenómenos.
Bueno Zertuche expuso que, a partir de su eliminación, al ocurrir catástrofes naturales las entidades federativas se ven superadas en sus capacidades operativas y financieras, al tener que destinar recursos que inicialmente no se encontraban contemplados en sus presupuestos.
Por ello, el representante popular hace un llamado al Gobierno federal a constituir nuevamente el fideicomiso, estableciendo reglas de operación claras y de gran alcance.
Sugirió que sea sujeto a la supervisión en el uso y destino de recursos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para una efectiva rendición de cuentas, y para que el pretexto de la falta de transparencia o la supuesta malversación de recursos no vuelva a poner en riesgo la atención a miles de familias en los momentos en que más ayuda necesitan.
Lo anterior, subrayó, permitiría una rápida atención a los municipios y las entidades federativas, así como la distribución de tareas entre las diversas dependencias de los tres órdenes de gobierno.
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