El vicecoordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló que la continuidad de la política social será una de las prioridades en la elaboración del próximo paquete económico. “Una de ellas es continuar con la política social. Queremos nosotros llegar prácticamente a un monto cercano al billón de pesos en todos los programas que nos ayudan al fortalecimiento del ingreso de las familias”, expresó.
El legislador indicó que este aumento en el gasto social no implicará la creación de nuevos impuestos ni el incremento de tasas fiscales. Aclaró que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo acordaron centrar sus esfuerzos en una mayor eficiencia recaudatoria como vía para obtener los recursos necesarios. “Es una decisión tomada por el Legislativo y también por el Ejecutivo en el sentido de no incrementar los impuestos, no aumentar las tasas, no crear nuevos impuestos tampoco, sino centrarnos en una mayor eficiencia recaudatoria para lograr tener los ingresos necesarios”, indicó.
Ramírez Cuéllar explicó que este enfoque también responde al compromiso con la disciplina fiscal, especialmente en lo relacionado con la reducción del déficit presupuestal.
Afirmó que cumplir con estos compromisos permitirá liberar recursos para proyectos de infraestructura considerados estratégicos. “Detalló que tienen una responsabilidad ‘muy fuerte’ para cumplir con la disciplina fiscal y cumplir los compromisos en materia de reducción del déficit. Con ello, se abrirá la posibilidad de disponer de un monto significativo para los grandes proyectos de inversión en obras”, dijo.

Durante su intervención, el legislador reconoció que persisten necesidades relacionadas con la infraestructura de carácter social y enfatizó la importancia de combinar recursos públicos y privados para atenderlas.
Mencionó que existen dos legislaciones pendientes que serán fundamentales para ello: una vinculada al sector eléctrico y otra a los hidrocarburos. “Seguimos teniendo pendientes, pues muchísimas necesidades que son relacionadas con la infraestructura de carácter social, también con el financiamiento y la participación de lo público y lo privado. A partir de dos grandes legislaciones secundarias. Una, la que tiene que ver con electricidad y la otra, la que tiene que ver con hidrocarburos”, explicó.
El diputado también se refirió al nivel de inversión que el país necesita alcanzar. Señaló que en 2025 la inversión se ubicó por encima del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) y que se busca elevar esa proporción mediante una alianza con el sector empresarial. “Platicando con nuestro presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pues queremos que entre todos pudiéramos llegar a alcanzar tarde o temprano, ojalá y en el 2030, lo podamos lograr, un monto de aproximadamente 30% del PIB en materia de inversión en nuestro país. Por eso queremos darle mucha fuerza a la inversión privada”, afirmó.
Ramírez Cuéllar sostuvo que el fortalecimiento de la inversión privada es una prioridad para alcanzar la meta del 30% del PIB. Explicó que la colaboración entre gobierno y empresarios será clave para detonar proyectos que impulsen el crecimiento económico.
El legislador no especificó cuáles programas sociales recibirán el mayor porcentaje del presupuesto ni ofreció detalles sobre cambios en los mecanismos de asignación o criterios de selección de beneficiarios. Tampoco precisó las medidas concretas que se implementarán para aumentar la eficiencia en la recaudación fiscal sin modificar el marco impositivo actual.
La propuesta de Morena se presenta como parte del proceso de preparación del paquete económico para 2026. El Poder Ejecutivo deberá presentar dicha propuesta ante el Congreso en los próximos meses para su análisis y eventual aprobación.
Otros grupos parlamentarios no han emitido postura respecto al incremento en el presupuesto de programas sociales ni sobre sus posibles implicaciones fiscales. Tampoco se han pronunciado representantes del sector empresarial en relación con la meta de inversión planteada por el legislador. (Mas).