Testigo fiel
Por: Jesús Torres
Morena, mete a ‘Alito’ al centro del debate
En el centro del debate político durante los primeros días de este 2026, Morena abrió dos frentes de gran relevancia que están dando de que hablar, el primero sobre la discusión de la reforma electoral impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y segundo, la reactivación del «desafuero» contra Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y senador de la República.
Desde 2022 existen solicitudes de declaración de procedencia (el primer paso para desaforar a un legislador) impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche contra ‘Alito’ Moreno, por presuntos delitos como abuso de funciones, peculado y enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de esa entidad.
En 2025 el proceso fue retomado por la Cámara de Diputados, con la Sección Instructora revisando el expediente para determinar si existe base legal para avanzar en el retiro de su fuero constitucional.
Según recientes informes, la revisión sigue en trámite y hay intención de apegarse estrictamente al marco legal, aunque el avance depende de que la Fiscalía estatal entregue la información requerida.
Moreno Cárdenas ha respondido denunciando lo que califica como “persecución política” y ha acusado que el gobierno y legisladores de Morena buscan callarlo y perjudicar su carrera política, algo que el propio priista ha vinculado al clima de confrontación en el Congreso.
La propuesta de reforma electoral, que busca, entre otros puntos, reconfigurar la representación proporcional y reducir el financiamiento público a partidos, ha generado tensiones incluso dentro de la alianza oficialista, pues partidos como el PT y el PVEM manifestaron inicialmente reservas sobre cambios como la reducción de diputaciones plurinominales y los recursos públicos partidistas.
En este contexto, es que se advierte que la reactivación del proceso contra ‘Alito’ Moreno podría estar vinculada a presiones para asegurar el apoyo del PRI a las modificaciones electorales que Morena impulsa.
Según analistas políticos, existiría una percepción de que el oficialismo podría utilizar el peso del proceso legislativo en contra del líder y senador del PRI como un elemento de negociación con el tricolor para lograr votos en favor de la reforma constitucional que se avecina en el Congreso.
Esta lectura ha sido alimentada por versiones que señalan que, ante la falta de apoyo suficiente de aliados como el PVEM o el PT en aspectos clave de la reforma, el PRI podría convertirse en pieza decisiva para alcanzar la mayoría calificada necesaria para aprobar cambios constitucionales.
Sin embargo, desde Morena y sus aliados se ha insistido en que el proceso de desafuero se maneja con base en la legalidad y sin motivaciones políticas, enfatizando que la revisión debe centrarse en los hechos y pruebas, no en la coyuntura electoral.
En resumidas cuentas, la potencial reactivación del proceso contra Alejandro Moreno ocurre en un momento político particularmente sensible, pues mientras el oficialismo busca impulsar una reforma electoral que alteraría reglas de representación y financiamiento, la oposición critica que ciertas estrategias legislativas contra el dirigente priista podrían estar motivadas por intereses políticos más que por búsqueda de justicia.
Si bien no existe evidencia concluyente de que el proceso de desafuero sea una “moneda de cambio” explícita por votos, la percepción de presión política contra un líder opositor es un componente potente del debate actual, y seguirá influyendo tanto en la narrativa de la reforma electoral como en las relaciones entre las principales fuerzas políticas del país.
