El dictamen fue avalado con 259 votos a favor de Morena y sus aliados, 205 en contra de las bancadas de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, y una abstención del diputado del Partido Verde Ecologista, Javier López Casarín.
Durante la discusión de dictamen, diputados de Oposición calificaron la reforma como un atraco a los trabajadores del PJF y advirtieron que, en el fondo, es parte del embate del Ejecutivo federal a dicho poder.
Al presentar una moción suspensiva, la panista Margarita Zavala aseguró que la reforma es cruel y perversa, porque viola los principios de división de poderes y del debido proceso, porque al no ser un tema presupuestario, era la Comisión de Justicia -presidida por el PAN- y no la de Presupuesto -presidida por Morena- la que tenía que dictaminar la iniciativa del coordinador parlamentario de la mayoría, Ignacio Mier.
«Este dictamen sí viola el principio de progresividad, es que nosotros, los diputados y diputadas, no podemos restringir ni anular derechos ya alcanzados, y los derechos que protegen estos fideicomisos se refieren a 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación y por eso se están manifestando en las calles», afirmó.
Zavala acusó que la mayoría tampoco quiso consultar a los trabajadores del Poder Judicial, ya que rechazaron la propuesta de un Parlamento Abierto para analizar la iniciativa.
«Es más, violenta hasta el Derecho Convencional, porque el Sistema Interamericano de Derechos Humanos obliga a que los consultemos, por eso presentamos, sin que nos dijeran nada, una petición de Parlamento Abierto que no quisieron hacer caso», dijo.
Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, advirtió que la extinción de los fideicomisos sí afecta a los trabajadores y una muestra de ello son las manifestaciones que por segundo día consecutivo llevaron a cabo en varios estados del País, algunas de ellas afuera del palacio legislativo de San Lázaro.
«Si como dice, no afecta a los trabajadores, ¿qué hacen aquí afuera protestando y la Policía de la Ciudad de México agarrándolos a golpes?», respondió a Ignacio Mier, quien momentos antes afirmó que la reforma no afecta a los trabajadores del Poder Judicial.
El perredista afirmó que la extinción de los fideicomisos es una venganza política del Presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la presidenta de la SCJN, Norma Piña.
«¿Por qué no en el primer año que llegó López Obrador al poder dimos esta discusión, o el segundo año o el tercer año? ¡Ah no! es ahora que viene un cambio de una Presidenta que no está a disposición del Presidente de la República», indicó.
Por su parte, Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, dijo que el procedimiento legislativo para procesar el dictamen no fue el correcto, por lo que prevé que este asunto termine en la Corte.
«Estuvo mal el procedimiento, eso nos va a llevar a amparos y después a acciones de inconstitucionalidad y va a tener que resolverse nuevamente un asunto en la Corte, esta vez haciéndola de juez y parte de lo que tiene que juzgar. Flaco favor le hacemos a la justicia del País«, dijo.
En este momento inicia la discusión de reservas
