Como parte del Examen Periódico Universal de México que lleva a cabo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el pasado 24 de enero el organismo emitió 318 recomendaciones en temas como desapariciones, migración, uso de la fuerza, seguridad pública, violencia de género, militarización, situación de personas defensoras de derechos humanos, infancias, indígenas, poblaciones LGBT, entre otros.
Durante su comparecencia este 5 de julio ante el Consejo, en su respuesta oficial, el Estado mexicano aceptó 304 de las 318 recomendaciones que habían sido emitidas por diferentes países. Entre las no aceptadas –de las cuales solo “toma nota”, es decir, no se compromete a llevar a cabo acciones para hacerles frente– figuran temas relacionados con militarización, espionaje, movilidad humana y desplazamiento interno forzado.
Aunque el Estado no rechaza ninguna de manera oficial, la no aceptación de 14 implica que tampoco las atenderá. Organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el colectivo EPUMx hicieron énfasis, además, en que en esta edición del examen periódico se incluyeron temáticas que no se habían reconocido antes –prisión preventiva, desaparición forzada, personas con discapacidad, infancias y adolescencias, poblaciones LGBT y movilidad humana–.
Esto representó un incremento de un 20% más de recomendaciones respecto al examen anterior, pero un decremento en aceptación, pues en la ocasión anterior (2018) solo dos fueron rechazadas –262 de 264–. El colectivo expresó su preocupación respecto al alza en recomendaciones, pero también a la falta de atención de las que han quedado pendientes desde evaluaciones pasadas.
RECOMENDACIONES DE LA ONU REFLEJAN PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL
En esta ocasión, algunas de las temáticas con más recomendaciones para el Estado mexicano fueron la violencia contra mujeres y contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las desapariciones en México y la movilidad humana. Entre las que solo se tomó nota están diversas relacionadas con personas en prisión preventiva y arraigo, desplazamiento forzado, inseguridad y crimen organizado, así como uso de la fuerza y espionaje.
“Son temas de relevancia nacional pero también internacional en cuanto a lo que tiene que ver con paz y seguridad, pero además son temas que desde el colectivo EPU hemos colocado sobre la mesa que son de urgencia atender no solamente por la violencia generalizada que va a la alza, sino también por todos los impactos que eso genera”, destacó Mariana Bermúdez, del CDH Fray Francisco de Vitoria.
Si bien el colectivo saludó la aceptación de la mayoría de las recomendaciones, y la inclusión de temas antes no nombrados, consideraron sustancial trascender de la aceptación a la atención a las problemáticas que siguen perpetuando situaciones de vulnerabilidad y violación de derechos a humanos a diversas personas y poblaciones afectadas.
“La emisión de las recomendaciones es un reflejo también de la preocupación internacional por la protección de la dignidad humana en México, y su aceptación es no solamente sinónimo, sino síntoma de la constatación de la crisis agravada de derechos humanos en el país”, añadió Bermúdez.
El colectivo apuntó la importancia de analizar desde una perspectiva cualitativa las recomendaciones, es decir, cómo se harán realmente tangibles para las poblaciones, cómo transformarán las condiciones de la sociedad, pero sobre todo cómo en la transición de gobierno podrán retomarse como una área de oportunidad.
“Ante la coyuntura política derivada de la transición de gobierno en sus distintos niveles y ámbitos, es fundamental que se retomen estas propuestas como una ruta de acción para la política pública nacional, mediante el trabajo colaborativo, participativo y cercano a las organizaciones de la sociedad civil”, añadió la activista.
MILITARIZACIÓN Y ESPIONAJE, PARCIALMENTE RECONOCIDOS POR EL ESTADO MEXICANO
El uso de la fuerza, la militarización y el espionaje, así como la actuación de las Fuerzas Armadas, fueron temas parcialmente reconocidos por el Estado mexicano durante su respuesta a las recomendaciones derivadas del Examen Periódico Universal.
“Esto pese a las recomendaciones emitidas en la materia, y pese a los esfuerzos colectivos por parte de sociedad civil de documentar y denunciar violaciones a los derechos humanos perpetradas por esos agentes del Estado”, señaló Hugo Arreola, del CDH Zeferino Ladrillero.
Entre las recomendaciones que caen en la temática del uso de la fuerza, México aceptó 8, mientras que 5 se encuentran entre las 14 de las que solo tomó nota.
“Es importante resaltar que en la narrativa del Estado mexicano invisibiliza el tema de la militarización utilizándolo como un subtema del uso de la fuerza y argumentando que es un tema que se encuentra bajo discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto pese a tomar anotación de recomendaciones específicas que hablan explícitamente de la militarización y del actuar de las Fuerzas Armadas”, añadió el defensor.
Lo anterior, considera el colectivo, deja entrever la fragilidad de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza (2019), y sus protocolos de actuación policial. Pese a existir una ley, detalló, siguen existiendo graves violaciones a derechos humanos perpetrados por agentes del Estado. Esto debido a que las disposiciones de los artículos 27, 28 y 31 de esa ley son contrarias a estándares internacionales de derechos humanos.
El 27 plantea el concepto de legalidad o ilegalidad para referirse a las manifestaciones políticas o sociales. El 28 y 31 hablan de cómo debe ser el actuar policial cuando una protesta se torna violenta, ante lo que se privilegia la persuasión y disuasión, en lugar de desescalar tensiones. Por lo tanto, otorgan una facultad de facto a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley al utilizar la fuerza si una protesta es considerada ilícita o violenta, lo que da a la autoridad un amplio margen de discrecionalidad.
MÉXICO INSISTE EN QUE NO SE ESPÍA NI VIGILA A NADIE
En el tema del espionaje, retomado en el examen periódico universal, el Estado mexicano respondió que en el país no se espía ni se vigila a nadie que no sea con fines de combate al crimen organizado. Esto pese a que organizaciones de la sociedad civil han documentado que el Estado ha adquirido tecnologías de vigilancia como el malware Pegasus.
“Se tienen registrados cuando menos 25 casos de espionaje con Pegasus contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La compra de este malware se realizó con recursos públicos por parte de la Sedena, el entonces Cisen –hoy CNI– y la PGR –hoy FGR–”, apuntó Ladrillero. (Animal Político).
