Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señalaron que la influencia del crimen organizado en las elecciones es una problemática que debe reconocerse y atenderse, antes de que pueda llegar, incluso, a tomar control desde la Presidencia de la República.
En un foro organizado por EL UNIVERSAL, al que se invitó a los cinco magistrados pero sólo asistieron la presidenta Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, refrendaron la independencia y autonomía del tribunal, al asegurar que no están subordinados a ninguna fuerza política.
A pregunta del periodista y columnista Salvador García Soto, se cuestionó sobre el papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante la posible influencia del crimen organizado en las próximas elecciones.
Al respecto, el magistrado De la Mata reconoció que a nivel local, hay historias de “terror” sobre las repercusiones del crimen organizado en tribunales y consejos electorales; sin embargo, subrayó que no se habla de estos temas.
“Entiendo que no podemos partir del principio de que hay un nuevo actor —que no es nuevo—, pero que sí está influyendo en las elecciones y que es el crimen organizado, así de claro”, precisó.
“No podemos quedarnos como estamos ahorita. Sí, hay un problema. Tenemos que mejorar o nos vamos a conformar con tener en 10 o en 20 años pues a alguien del tamaño de un gran capo como presidente de la República”, advirtió.
Destacó que las autoridades electorales necesitan afrontar el problema del crimen organizado, empezando por reconocerlo y no tratándolo en secreto.
En las elecciones de 2018, recordó, el consejo local determinó que no se podían instalar las casillas en el municipio de Nahuatzen, Michoacán, por un tema de violencia provocado por talamontes ilegales, por lo que decidió mover las urnas fuera del municipio.
“Esto era una nulidad de aire; sin embargo, se validó la elección. Hay cosas que se pueden hacer sin necesidad de hacer una reforma electoral, pero hay otras que no”, apuntó.
Expuso que se deben explorar otras alternativas para inhibir la presencia y presión del crimen organizado en las elecciones, como un sistema de voto anticipado por internet o correo, urnas electrónicas o lugares con mayor vigilancia o seguridad: “Es ridículo esta cuestión atávica que tenemos a nuestras casillas, el papel”, expresó.
Comentó el caso de India, con un electorado de 950 millones de personas, donde el voto se hace a través de internet y no se pone en duda la legitimidad de los resultados, por ello llamó a romper los paradigmas de los 80 y 90.
Otro asunto pendiente, manifestó, es la creación de fórmulas para la protección de candidatos y sus familias, quienes tampoco suelen denunciar las amenazas que reciben del crimen organizado.
La magistrada presidenta Mónica Soto también aceptó que efectivamente la injerencia del crimen organizado es un problema y no se debe acotar sólo a las autoridades electorales, porque tienen que intervenir otras autoridades para prevenir estos actos y, por supuesto, para garantizar que el INE y los OPLEs puedan instalar casillas.
No obstante, recordó que el INE no tiene a las fuerzas de seguridad, por tanto, el Estado tiene que brindar esta protección para que puedan llevar a cabo sus funciones.
“El INE tiene que instalar casillas y tiene que garantizar que se lleve a cabo el desarrollo de la elección, pero deben garantizar al INE que serán espacios de paz. Para eso es el Estado de derecho, hay instancias que son de los gobiernos que tienen que garantizar unas elecciones pacíficas y libres de presión”, apuntó.
“Sí hay un problema, hay que hablar del problema y hay que señalar a las instituciones en lo que nos toca. A ver tribunal, a ti te toca calificar la elección. Si esta elección no guarda las características de una elección democrática, pues la calificación va a ser negativa”, remarcó.
La presidenta expuso que se debe conocer qué están haciendo las autoridades federales, estatales y municipales de cara a las próximas elecciones, cuál es el plan de contingencia para garantizar elecciones libres, auténticas y pacíficas.
“Y apostándole a que el debate rijoso no es violencia, yo siempre les digo cero tolerancia a la violencia, no se confundan ni nos traten de confundir”, añadió.
Por su parte, el magistrado Fuentes Barrera coincidió en que el crimen organizado “está muy presente”, aunque evitó pronunciarse por adelantado a lo que pueda suceder en el proceso electoral.
Aun así, recordó que ya han ocurrido situaciones similares en las elecciones en estados como Michoacán y Tamaulipas.
Expuso que a pesar de que se registraron hechos de esa naturaleza, en algunas ocasiones no hubo denuncias, por lo que el TEPJF trató de flexibilizar la manera de probar los hechos al bajar el estándar probatorio, viendo si había indicios a través de circunstancias y, en consecuencia, se determinó anular algunos distritos en Michoacán.
A valoración, intervención de AMLO en las elecciones
Sobre la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador por sus declaraciones en el proceso electoral en marcha, el magistrado Felipe Fuentes Barrera consideró que se deberá valorar en su momento si las mismas son un riesgo para la validez de los comicios.
Explicó que las denuncias, tramitadas mediante el procedimiento especial sancionador, se han atendido y, en su caso, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha acreditado la responsabilidad del Presidente de la República por ciertos actos.
“Nosotros hemos recibido recursos donde hemos confirmado esas decisiones, donde se sanciona al Presidente de la República. Qué es lo que sucede. Ya veremos al final del camino del proceso electoral qué influencia tienen respecto de la contienda electoral”, puntualizó.
“Creo que en ese sentido haría yo la diferencia y tendremos que analizar, sin prejuzgar, pero no puedo desconocer que ya existen una serie de procedimientos en donde sí hemos sancionado”, insistió el magistrado.
Cuestionado sobre si afectan estas intervenciones del Presidente en la equidad en la contienda, dijo: “Tendríamos que ver en su caso si es un riesgo para la validez de la elección”.
El tribunal no es manipulable, afirman
La presidenta del organismo insistió en que le otorguen un voto de confianza al Tribunal Electoral y agregó que no lo maneja nadie, y que no se debe “pensar que hay un fantasma con una intención política en cada una de las resoluciones”.
Argumentó que no se debe ver al tribunal “como manipulable ni como títeres de nadie; por favor, creo que tenemos una trayectoria y sentencias que responden a ello”.
El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera expresó que pese a las diferencias internas —más no crisis— están fortalecidos de cara a este proceso electoral, en el que prevén 18 mil impugnaciones.
“Lo que no se ha traducido muy bien es que existe un bloque. Existe diálogo, cercanía entre tres integrantes de la Sala Superior, pero esto no significa un bloque”, aseguró.
Por su parte, Felipe de la Mata Pizaña indicó que están ante un tribunal progresista, que ha impulsado derechos para poblaciones históricamente vulneradas, las cuales, dijo, han sido “a golpe de sentencia”.
Recursos para recuento de votos se eliminaron tras recorte presupuestal
Tras el recorte de 267 millones de pesos al presupuesto del Tribunal Electoral para 2024, se tuvo que prescindir del fondo precautorio en caso de requerirse un recuento de votos en estas elecciones, señaló el magistrado Fuentes Barrera.
Como integrante de la Comisión de Administración, precisó que sí se afectó dicho fondo precautorio, por lo que no hay recursos asignados para este fin.
“La presidenta está preocupada por esta situación y lo que nos ha instruido es que pudiera, primero, aterrizarse la experiencia que ya tiene el Tribunal Electoral elaborando una especie de guía para el recuento. Esta guía nos va a servir como una especie de protocolo de actuación en caso de llegar a requerirse el recuento”, detalló.
En los casos de las gubernaturas de Puebla y Campeche, donde se hizo un recuento total de votos, recordó que han empleado sus propios medios, incluyendo el apoyo de magistraturas regionales, incluso se han enviado los paquetes a la Sala Superior.
“Esta herramienta que se tiene pensada como protocolo de actuación es muy importante, porque ya se tiene un ABC sobre cómo actuar en estos casos”, precisó. (El Universal).
