Testigo fiel
Por: Jesús Torres
Magistrada bajo investigación
La magistrada y expresidenta del Tribunal Electoral de Tabasco (TET), Margarita Concepción Espinosa Armengol, se encuentra en el centro de un escándalo por presuntos actos de corrupción durante su gestión, lo que ha puesto en entredicho la administración que presidió al frente del órgano jurisdiccional durante el periodo 2021-2025.
Recientes informes indican que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco (OSFE) citó a Armengol para rendir declaración en una investigación relacionada con un posible desvío de recursos por aproximadamente 34 millones de pesos mientras ocupó la titularidad del Tribunal Electoral.
Esta auditoría forma parte de un proceso de revisión financiera más amplio que busca esclarecer el destino de partidas presupuestales que no habrían sido justificadas debidamente ante las autoridades fiscalizadoras.
Aunque los detalles oficiales de la investigación aún no han sido dados a conocer de forma completa por las instancias competentes, fuentes extraoficiales señalan que la comparecencia del representante legal de Armengol ante el OSFE coincide con la apertura de un expediente que analiza el uso de recursos destinados a la operación ordinaria del tribunal.
Además del presunto desvío, circulan señalamientos en algunos medios y redes sociales que apuntan a una supuesta relación entre la magistrada y empresas señaladas como “factureras” o fachada, entidades que, de acuerdo con autoridades fiscales, emiten comprobantes fiscales sin contar con operaciones reales.
Esta práctica, conocida comúnmente como emisión de facturas falsas, es un mecanismo frecuentemente utilizado para simular gastos y justificar recursos desviados.
Aunque estas acusaciones han circulado en espacios informales, aún no existe confirmación oficial pública de estas vinculaciones ni de denuncias específicas contra dichas empresas en relación con Armengol, por lo que las investigaciones deberán esclarecer estos señalamientos una vez que avance el proceso fiscalizador.
Hasta el momento, esta información no ha sido desmentida ni confirmada oficialmente por las autoridades responsables, pero podría formar parte de las pesquisas para determinar si existió enriquecimiento ilícito o uso indebido de recursos públicos, lo cual es un delito castigado por la actual legislación.
El citatorio de Armengol ante el órgano fiscalizador ha generado reacciones diversas en el ámbito político y mediático. Para algunos sectores, la investigación representa un ejercicio de rendición de cuentas necesario en un contexto donde la transparencia de los órganos electorales es fundamental para la confianza ciudadana en los procesos democráticos locales. Para otros, la falta de detalles oficiales genera especulación y polariza la discusión pública.
Cabe recordar que el Tribunal Electoral de Tabasco es una institución encargada de impartir justicia electoral local y resolver controversias en la materia, lo que pone en primer plano la importancia de que sus integrantes actúen con absoluta transparencia y responsabilidad pública.
El proceso de fiscalización por parte del OSFE todavía está en curso, y no se ha emitido una resolución definitiva ni se han formulado cargos penales públicos contra Armengol. Sin embargo, el citatorio implica que las autoridades competentes consideran que existen elementos suficientes para revisar a fondo la gestión financiera del Tribunal durante su presidencia.
El desenlace de este caso será determinante no solo para la situación legal de Margarita Armengol, sino también para el escrutinio y la percepción que la ciudadanía tenga de las instituciones encargadas de supervisar elecciones y velar por el cumplimiento de las normas democráticas en el estado de Tabasco.
