Para proteger la libertad de expresión y al gremio periodístico en materia penal y de transparencia, los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, Alejandro Moreno, Cristina Ruiz y Marco Antonio Mendoza, presentaron dos iniciativas ante la Comisión Permanente, para aumentar las penas contra las agresiones que sufren y sancionar a los servidores públicos que exhiban sus datos personales.
Los legisladores priistas advierten que quienes se dedican al periodismo en México, se enfrentan a diversos riesgos y afectaciones, no solo a su trabajo, sino también a su persona. Por ello, consideraron fundamental asegurar que cuenten con una correcta protección a su integridad, la confidencialidad de su información y una mejor calidad laboral.
Por ello, en una primera propuesta piden que se reforme la ley para incluir a sus familiares como persona a proteger por la Ley cuando esté en peligro la vida de un periodista; ya que, en los términos actuales, la norma solo protege al periodista amenazado.
En una segunda iniciativa, en materia de transparencia y derechos humanos, buscan establecer que comete el delito de daño a periodistas, el servidor público que, de forma dolosa, los amenace, hostigue, calumnie o intimide, en el ejercicio de sus facultades o expresiones.
Además, proponen sancionar al funcionario que, sin justificación de Ley, proporcione datos personales a uno o varios servidores públicos y que éstos los utilicen para divulgar, calumniar o alterar de manera indebida, poniendo en riesgo la vida del agraviado o la de su familia.
Cabe mencionar, que recientemente, el GPPRI propuso el Capítulo II BIS en la Ley Federal de Trabajo exclusivamente para las y los trabajadores periodistas, a fin de que se considere la peligrosidad al ejercer el periodismo para determinar el salario mínimo; lo que generaría un aumento salarial considerable para el año 2023, ya que actualmente ganan en promedio 6 mil 195 pesos. Además, de quedar asentado el deber de darles el equipo de trabajo necesario, seguro de vida y mejorar su clasificación en el IMSS para que reciban prestaciones más adecuadas.
Para fundamentar sus propuestas, los integrantes de la bancada tricolor exponen en el documento que de acuerdo al titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Enrique Irazoque, el 43 por ciento de quienes atacan a periodista son servidores públicos y el 33 por ciento son miembros de la delincuencia organizada.
Tras señalar que en lo que va de la actual Administración, hasta febrero de 2022 se contaba con un registro de 151 periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que han sido asesinadas, condenaron el hostigamiento y ataque que frecuentemente realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador contra estos profesionales, cuando publican notas que no le benefician.
l
