La alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, interpuso siete denuncias de hechos en contra de su antecesora Layda Sansores por el presunto desvío de recursos por 120 millones de pesos, en el manejo de tres programas sociales, la celebración de contratos y el cobro de cheques a nombre de su directora de finanzas.
En rueda de prensa frente a la sede de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, la alcaldesa aliancista detalló que las denuncias son por un presunto quebranto al erario por 70.8 millones de pesos en los programas Mercomuna, autocuidado de personas adultas mayores y promotores del desarrollo social.
Aclaró que en el caso de Mercomuna, se detectó que en el padrón de beneficiarios hubo cobro de recursos por parte de personas fallecidas, personas que no vivían en la demarcación y de funcionarios de la alcaldía que se acreditaron como supuestos dueños de negocios para poder cobrar el programa social.
“No hay evidencia que los recursos hayan llegado a quienes estaban destinados, porque no se realizó un censo para determinar la condición de vulnerabilidad y el padrón no cuenta con la información que exige la ley”, explicó.
Dentro de las denuncias contra exfuncionarios de la administración de Layda Sansores está la exdirectora de finanzas Aurora Yolanda Martínez, acusada por un presunto desvío de recursos por 31.2 millones de pesos.
“Hizo cheques a su propio nombre que cobró ella o endosó a otros funcionarios públicos, hay cheques que son de 2.5 millones de pesos, otros de un millón y cacho, es decir, el dinero quedó ahí, el dinero no llegó a los más necesitados”, apuntó.
Lía Limón denunció que existe un contrato de prestación de servicios profesionales de comunicación social y digital a nombre de Walther David Patrón Bacab, hoy vocero de la administración de Sansores en Campeche, por 3.4 millones de pesos.
“Hay contratos firmados en 2020 por esta persona que hoy es funcionario de Layda en Campeche, el contrato es por difusión del ejercicio gubernamental, no hay evidencia del servicio brindado, no hay entregables, se presume que fue un contrato simulado”, aseveró.
Dijo que también existen irregularidades en los contratos con empresas para la instalación de puntos wifi y digitalización de bibliotecas que suman 40 millones de pesos, así como un convenio de colaboración con una asociación civil por 8.2 millones de pesos donde no hubo evidencia del trabajo realizado por ambas partes.
Resaltó que por los hechos denunciados se podrían configurar cuatro delitos: corrupción, Ejercicio indebido de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
Aunque se dijo “desconfiada” de las instituciones capitalinas, la alcaldesa anunció que estas siete denuncias de hechos presentadas ante la Fiscalía de la Ciudad de México, serán llevadas a la Contraloría local para que esta instancia inicie una investigación en el tema administrativo. (Expansión Política).
