“Hace dos semanas, mi jefe me dijo: ‘necesito más mexicanos como tú’”, dice un inmigrante, de 25 años, empleado en una granja del suroeste de Kansas y que habló en anonimato porque trata de regularizar su situación. “Yo le dije: ‘bueno, son algo difíciles de encontrar’”.
Los inmigrantes indocumentados representan alrededor de la mitad de la mano de obra en la agricultura de Estados Unidos, según varias estimaciones. Pero ese grupo de mano de obra se está reduciendo, lo que podría significar problemas para las granjas, las lecherías y las plantas de envasado de carne, especialmente en un estado como Kansas.
Los arrestos de trabajadores indocumentados han aumentado 38 por ciento desde que el presidente Donald Trump firmó un par de órdenes ejecutivas dirigidas a la inmigración en enero. La represión tiene un efecto disuasorio a lo largo de la frontera sur: los arrestos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos totalizaron 118 mil 383 de enero a mayo, una disminución de 47 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, lo que indica que menos personas tratan de ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Michael Feltman, un abogado de inmigración en Cimarron, Kansas, dice que su firma ha visto más personas entrar con preguntas de naturalización en los últimos seis meses que en los cuatro años anteriores combinados. “Estoy muy preocupado de que cada pequeña multa de tráfico se convierta en detención”, dice.
Otros se sienten de la misma manera. “La amenaza de deportación y la pérdida potencial de nuestra fuerza de trabajo ha sido muy aterradora para todos los negocios aquí”, dice Trista Priest en Satanta, Kansas. Ella es la directora de estrategia de Cattle Empire, el quinto centro de alimentación ganadera más grande del país y cuya fuerza de trabajo es 86 por ciento hispana.
En el condado de Haskell, donde Cattle Empire es el mayor empleador, el 77 por ciento de los votantes eligió a Trump, en comparación con el 57 por ciento en todo el estado. Pero Priest y otros empleadores entrevistados se quejan de que las políticas de inmigración que emanan de Washington, a mil 500 kilómetros de distancia, chocan con las necesidades de las empresas locales.
El congresista Roger Marshall, un republicano cuyo distrito incluye al suroeste de Kansas, dice que la inmigración es la preocupación número uno que escucha de sus electores. El congresista dijo que confía en que una vez que la frontera esté segura, “el presidente Trump también verá esto como un problema económico”.
Y vaya que lo es.
El precio de la leche saltaría a 6.40 dólares el galón si las granjas lecheras estadounidenses no tuvieran acceso a los inmigrantes, según un informe de 2015 de la Federación Nacional de Productores de Leche, que estima que la mitad de los trabajadores de esa industria son foráneos. “Sin la ayuda de la mano de obra extranjera muchas empresas lácteas en Estados Unidos se enfrentan a la amenaza de la quiebra”, afirmó el organismo.
La Federación de Oficinas Agrícolas de Estados Unidos (AFBF, por sus siglas en inglés) ha propuesto que los trabajadores agrícolas no autorizados que ya están en el país pueden obtener estatus legal permanente una vez que demuestren que han trabajado en la industria por un tiempo. La AFBF advierte que un enfoque en la detención podría reducir la producción en hasta 60 mil millones de dólares anuales.
Feltman, el abogado de inmigración, dice que sus clientes estarían más que dispuestos a pagar fuertes multas por asegurar la legalización. Si por cada trabajador indocumentado se pagara mil o mil 500 dólares, eso cambiaría a los políticos, afirma.
“No vine aquí porque quería, mis padres me trajeron aquí”, dice el trabajador indocumentado del suroeste de Kansas, que ha gastado 24 mil dólares en asesoría legal. “Estoy aquí, tengo que trabajar.”. (El Financiero).
