Testigo fiel
Por: Jesús Torres
Layda Sansores, el rostro de la censura
Desde que Layda Sansores San Román asumió como gobernadora de Campeche en 2021, la relación entre su administración y la prensa ha estado marcada por tensiones persistentes que organizaciones defensoras de la libertad de expresión, periodistas y medios han denunciado como un patrón de intimidación judicial y silenciamiento indirecto de voces críticas.
Uno de los casos más visibles y documentados es el del periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del periódico Tribuna de Campeche. En 2025, González fue vinculado a proceso por un presunto delito de “incitación al odio y a la violencia” contra la gobernadora, acusación que ha sido calificada como un uso punitivo del sistema judicial para limitar la crítica política.
Las autoridades ordenaron el cierre del medio Tribuna y la prohibición de ejercer el periodismo por dos años, así como multas por daño moral, situación que generó amplia preocupación en el gremio periodístico campechano.
Aunque un tribunal federal suspendió algunas de las medidas más severas contra el comunicador al considerar que violaban principios constitucionales, sin embargo ratificó la obligación de someter publicaciones que mencionen a la gobernadora a revisión previa mediante un “censor” judicial.
Organizaciones internacionales como el Committee to Protect Journalists (CPJ) calificaron estas acciones como un intento claro de silenciar la crítica y urgieron a la mandataria a detener lo que describen como “hostigamiento judicial”.
Además de la presión contra Tribuna, al menos tres periodistas de Campeche, entre ellos Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali, fueron forzados a disculparse públicamente con la gobernadora por contenidos en un programa digital que consideraron, como “violencia política en razón de género”.
Estas imposiciones judiciales han sido percibidas por muchos reporteros como un instrumento legal para desalentar críticas políticas, más que como una sanción proporcional a una falta objetiva de información.
Organismos como Artículo 19 han documentado un aumento generalizado del acoso judicial contra periodistas en México los últimos años, lo que incluye 51 casos entre enero y julio de 2025 en todo el país, con 39 periodistas afectados, y han señalado a entidades como Campeche entre los estados donde estos procedimientos legales han sido utilizados de manera recurrente.
Aunque no existe un conteo oficial exclusivo para Campeche con números exhaustivos publicados por una sola organización, al menos cuatro periodistas de la entidad han enfrentado procesos o medidas judiciales directas vinculadas a su labor crítica, sin contar otros casos de presiones, censura preventiva o amenazas de sanciones adicionales informadas por varios medios y observadores.
Estos incluyen a los comunicadores Jorge Luis González Valdez, vinculado a proceso, censura judicial previa y multas civiles en curso, así como a Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali, obligados a disculparse por orden judicial.
Además, colectivos de periodistas campechanos han denunciado un clima general de autocensura con algunos medios optando por no publicar información crítica sobre la gobernadora para evitar nuevos procesos legales o sanciones económicas posteriores.
Layda Sansores ha negado en varias ocasiones que estas acciones constituyan censura, sin embargo, la percepción entre periodistas independientes y defensores de los derechos humanos es diferente.
Consideran que el uso creciente de figuras legales como la violencia política de género o las demandas civiles por daños morales, especialmente cuando se aplican contra críticos de la administración, favorece un entorno donde la libertad de expresión queda subordinada al riesgo de repercusiones judiciales.
