Familiares de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, junto a estudiantes de la Escuela Normal, lanzaron petardos y gritaron consignas esta tarde en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.
Es el segundo día de protestas en el que las madres y padres de los desaparecidos exigen al gobierno federal la reinstalación de mesas de diálogo para continuar las investigaciones y sancionar a los responsables, además piden el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los manifestantes, con el rostro cubierto, bloquearon la avenida Bucareli, donde se encuentran las oficinas de la Segob en la Ciudad de México. Además realizaron algunas pintas en el edificio y organizaron un mitin en exigencia de justicia y respuesta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio aviso sobre el cierre de la circulación cual sobre Bucareli a partir de la Av. Morelos, por lo que se sugirió a los automovilistas tomar medidas alternas.
Después del mitin, que duró aproximadamente una hora, los manifestantes se retiraron en camiones.
Sobre las detonaciones registradas en las oficinas públicas, se estima que se trató de cinco artefactos explosivos los que fueron lanzados, pero sólo se detonaron tres. Al inmueble llegaron elementos de la Guardia Nacional y del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes acordonaron la zona.
En el percance no se registraron personas lesionadas y tampoco daños en en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación derivado de los explosivos.
Vidulfo Rosales, abogado de las familias, señaló que llevan más de tres meses pidiendo una reunión con el presidente López Obrador, pero les dan largas y cero respuesta a las madres y padres de los jóvenes, víctimas de desaparición forzada en 2014 en Iguala, Guerrero.
Demandó que el Ejército entregue los 800 folios que tiene en su poder y que las familias consideran importantes para poder dar con el paradero de los normalistas.
Se lanzó contra el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina, quien entró en lugar de Alejandro Encinas como encargado de dar seguimiento al caso: “Lejos de atender la demanda de los padres y madres, se ha dedicado a ser un personero del Presidente de la República y sus mensajes de denostación y desprestigio que hace en sus mañaneras”, recalcó Rosales.
¿CÓMO VA EL CASO Y LAS INVESTIGACIONES?
Después de su liberación por parte de una jueza de distrito del Estado de México, fueron reaprehendidos a principios de febrero, ocho militares presuntamente involucrados en la desaparición y muerte de los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Mientras que la Secretaría de Gobernación envió a finales de enero una carta a la Suprema Corte de Justicia en la que se advierte que habrá consecuencias por liberar a los ocho militares implicados, la defensa de los uniformados acusa a la Segob de “persecución política”, pues aseguran que las pruebas contra los militares se basan en dichos de testigos que, posteriormente “cambiaron su versión”.
En tanto, los familiares de los desaparecidos, a través del Comité Ayotzinapa, se han negado a recibir una compensación económica por parte del gobierno, por haber estado casi 10 años, desde la desaparición de sus hijos, sin una fuente de empleo.
El Comité de los familiares afirman que no permitirán que la Segob les otorgue bienes económicos, ya que desde el gobierno de Enrique Peña Nieto se intentó repartir apoyos y utilizarlo como una técnica de división entre los familiares para desmovilizarse.
Durante su manifestación en la Segob, las familias apuntan que antes de haber una reparación integral del daño, deben resolverse los casos de justicia y pendientes del gobierno federal como el negar información sobre la actuación del Ejército. (emeequis).
