El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU respondió a las críticas del Gobierno de México y aclaró que su informe sobre desapariciones no se limita a administraciones pasadas, además de rechazar los señalamientos oficiales y defender el alcance del documento.
El presidente del Comité, Juan Pablo Albán, sostuvo que el análisis incluye la evolución del fenómeno desde 2012 hasta la actualidad, con base en información acumulada y datos recientes sobre personas desaparecidas en el país.
“El análisis del CED no se limita a un periodo cerrado”, indicó, al precisar que el organismo ha mantenido interacción constante con el Estado mexicano durante más de una década y que el informe incorpora registros actualizados.
El documento señala que más de 132 mil personas permanecen desaparecidas en México hasta febrero de 2026, cifra que continúa en aumento y que, según el Comité, refleja la magnitud de la problemática a nivel nacional.
Albán también defendió el papel del Comité dentro del sistema de Naciones Unidas, al explicar que se trata de un órgano creado por los propios Estados para supervisar el cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos, cuyos integrantes son elegidos por los países miembros, aunque actúan con independencia.
Asimismo aclaró que el informe fue dirigido directamente a la Asamblea General de la ONU y no a instancias técnicas, en aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional, que permite escalar casos cuando existen indicios de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático.
“El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”, afirmó Albán en respuesta a los señalamientos del gobierno mexicano, que ha calificado el informe como “sesgado” y “tendencioso”.
La controversia se produce luego de que el Comité concluyera que en México existen elementos que apuntan a desapariciones forzadas de carácter generalizado, lo que activó un mecanismo para llevar el caso ante la Asamblea General.
El informe también advierte sobre una crisis forense, con miles de restos humanos sin identificar, así como fallas en las investigaciones y patrones de impunidad.
Por su parte, el Gobierno federal ha sostenido que no existe una política de Estado orientada a la desaparición forzada y que se han impulsado reformas institucionales para atender el problema, postura que también ha sido respaldada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El Comité reiteró que su actuación busca fortalecer la cooperación internacional, prevenir las desapariciones, intensificar la búsqueda de personas, mejorar las investigaciones y garantizar justicia para las víctimas, en medio de un escenario de tensión entre autoridades mexicanas y organismos internacionales. (Mas).
