Para cumplir de manera puntual la recomendación 24/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aceptada por el Gobierno del Estado, el Ejecutivo, mediante la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, solicitó a dependencias de la administración pública descentralizada, organismos desconcentrados y autónomos, coadyuvar en la concreción de las medidas señaladas por dicho organismo.
Este caso, asentado en el expediente CNDH/4/2014/7968/Q, refiere presuntas violaciones obstétricas y al derecho a la protección a la salud y a la vida, en los hospitales General de Macuspana y Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, dependientes de la Secretaría de Salud, las cuales habrían cometido personal de dichos nosocomios.
Como representante legal del Poder Ejecutivo y con base en las leyes vigentes, el coordinador de Asuntos Jurídicos, Juan José Peralta Fócil, emitió el oficio número CGAJ/1109/2017 dirigido a los titulares de las Secretarías de Salud, Planeación y Finanzas, Contraloría y Administración, así como de la Dirección General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y de la Fiscalía General del Estado.
En el documento, solicita a la Secretaría de Salud tomar medidas para reparar el daño a las víctimas, que incluyan una indemnización o compensación, otorgarles atención psicológica con oportunidad, calidad y calidez, y atención médica en las instituciones de esa dependencia.
Instruye que se diseñen e impartan en ambos hospitales los cursos Capacitación en materia del derecho a protección de la salud materna, Violencia obstétrica e Infraestructura y recursos; lo anterior mediante personal especializado, con perspectiva de género y énfasis en el trato humanizado hacia las mujeres, para sensibilizar al personal y evitar casos similares.
Establece que se debe dotar al Hospital de Macuspana de personal especializado en gineco-obstetricia y anestesiología, y todo aquello que garantice los estándares de disponibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios.
Además, la Coordinación de Asuntos Jurídicos pide a esa Secretaría que, en coordinación con la de Planeación y Finanzas, cree un fideicomiso para que la víctima recién nacida en ese nosocomio cuente con los recursos económicos necesarios y suficientes para cubrir sus necesidades de manutención y estudio, al menos hasta que cumpla la mayoría de edad.
Conforme al escrito, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas le concierne inscribir a las personas afectadas en el Registro Estatal de Víctimas para que tengan acceso al fondo estatal previsto en la ley correspondiente.
En tanto a la FGE compete, con pleno respeto a su autonomía constitucional, la integración de la carpeta de investigación y colaborar en la denuncia penal por la responsabilidad profesional a que haya lugar.
A su vez, se requiere a la Secretaría de la Contraloría colaborar con la CNDH en el trámite de queja administrativa, para iniciar los procedimientos contra las autoridades responsables en estos casos, mientras que a la de Administración se pide incorporar copias de esta recomendación en los expedientes laborales y personales de los trabajadores y funcionarios involucrados.
De igual forma, Asuntos Jurídicos establece que las dependencias citadas deben enviar a la CNDH las constancias que acrediten el cumplimiento de la recomendación citada, la cual fue aceptada el reciente 4 de julio por medio del oficio CGAJ/1082/2017 dirigida al ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
