En una opinión jurídica enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por unanimidad, consideraron inconstitucional la llamada «Ley Bonilla».
Se trata de la reforma a la Constitución de Baja California por la que el Congreso de esa entidad decidió ampliar el periodo del Gobernador Jaime Bonilla de dos a cinco años.
Suscrito por los siete magistrados, el documento con la opinión jurídica de los integrantes de la sala superior registrado como SUP-OP-5/2019 -al cual REFORMA tuvo acceso- hace referencia a la reforma aprobada por el Congreso de Baja California para modificar el mandato del Gobernador que tomó posesión el 1 de noviembre.
«El Decreto 351, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve por el que se reforma el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 de la Constitución local, de once de septiembre de dos mil catorce, se aparta de la regularidad constitucional», sostienen los siete magistrados en un documento enviado a la Corte.
El documento, que se incorporará al expediente de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por diversos actores, tiene la firma del magistrado Presidente Felipe Fuentes Barrera así como los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Indalfer Infante González.
También la magistrada Janine Otálora Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez, así como la Secretaria General de Acuerdos Berenice García Huante.
Se deslindan de opinar sobre reforma de 2014
Luego de una exposición jurídica detallada, los magistrados electorales se deslindaron de opinar sobre las impugnaciones al proceso legislativo de la reforma electoral de 2014, con base en la cual se celebró la elección estatal del 2 de junio.
Esa reforma es la que establece que el Gobernador constitucional electo en esa fecha estará en el cargo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.
Sin embargo, en la opinión jurídica directa sobre el proceso legislativo de esa reforma, uno de los alegatos de Bonilla, no fue abordado por los magistrados.
«No son materia de opinión los motivos de invalidez relacionados con las violaciones al procedimiento legislativo, y a los principios constitucionales de retroactividad, división de poderes prohibición de leyes privativas y conclusión de los efectos del artículo Octavo Transitorio del Decreto 112, por no ser de naturaleza electoral», exponen en el documento los magistrados.
Esa reforma del 2014 fue impugnada con anterioridad ante la sala superior con diversos recursos ante las autoridades electorales locales por el entonces candidato de Morena a la Gubernatura Jaime Bonilla.
Bonilla impugnó el periodo de dos años, así como su registro como candidato, en un ir y venir de recursos entre autoridades electorales locales y la sala superior del TEPJF -en donde también el tribunal local ampliaba el periodo-.
A ese panorama se sumó una ambigüedad de documentos oficiales entregados por las autoridades electorales locales al entonces Gobernador electo, como la constancia de mayoría sin el periodo del mandato precisado, entre otros puntos.
Sin embargo, el 29 de mayo, a pocas horas de que terminaran las campañas electorales en Baja California, y a tres días de la jornada electoral del 2 de junio, la sala superior aprobó una sentencia en donde confirmaba que el registro se había realizado por dos años y que la inconformidad por la convocatoria que señalaba ese periodo fue presentada de manera extemporánea.
La sala superior del TEPJF, después de la elección, ha recibido varios recursos de ciudadanos, empresarios y candidatos impugnando la reforma aprobada el 8 de julio, después del proceso electoral y publicada hasta el 17 de octubre, a pocos días de la toma de posesión del hoy Gobernador electo, y los ha desechado por considerar que no era una materia electoral pues impugnaban aspectos legislativos de la misma.
Esa misma sala tiene pendiente de resolver más de una decena de juicios de protección de derechos político electorales, presentados en contra de la toma de protesta por cinco años del hoy Gobernador electo Jaime Bonilla así como el Bando Solemne emitido por la Legislatura y que fueron presentados por ciudadanos, empresarios y los ex candidatos a la gubernatura Oscar Vega Marín del PAN y Jaime Martínez Veloz, del PRD, que no se dan por vencidos.
La Corte tendrá la última palabra ante las acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma en BC, que han presentado los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), de la Revolución Democrática (PRD); de Baja California, local (PBC), así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El caso está en manos del Ministro Fernando Franco González, quien en su historial profesional suma el haber sido el primer magistrado presidente del entonces Tribunal Federal Electoral, entre 1990 y 1996. (Con información de Reforma)
