La impunidad en los casos de desaparición en México persiste, pues entre 2017 y enero de 2025 se registraron 66,389 personas desaparecidas y solo se dictaron 373 sentencias condenatorias, lo que equivale al 0.56% de los casos. Datos obtenidos por Animal Político a través de solicitudes de transparencia revelan que la falta de resoluciones judiciales y las deficiencias en las investigaciones siguen siendo un obstáculo para la justicia.
El problema es más grave en estados con altos índices de violencia. Jalisco, por ejemplo, reportó 13,025 desapariciones en el mismo periodo, pero únicamente 27 condenas. Guanajuato lidera la lista con más sentencias, al registrar 90, seguido por Sonora con 52 y Jalisco con 42. En el otro extremo, entidades como Aguascalientes, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo solo registraron una condena cada una. Este último estado, además, no ha reportado ninguna sentencia a pesar de contar con 1,133 casos de desaparición.
Las cifras reflejan la falta de eficacia en la impartición de justicia. De las 471 sentencias dictadas a nivel estatal en el periodo analizado, 359 fueron condenatorias, 90 absolutorias y 22 carecen de información sobre el sentido del fallo. A nivel federal, el Consejo de la Judicatura Federal informó que en nueve años se han emitido únicamente 14 condenas por desaparición. Desde 2006, los jueces federales han dictado 40 condenas y 62 absoluciones, sin especificar cuántas corresponden a desaparición forzada y cuántas a desapariciones cometidas por particulares.
La Fiscalía General de la República (FGR) también enfrenta un rezago significativo. Entre 2015 y 2023 abrió 2,019 carpetas de investigación relacionadas con desapariciones, pero en ese mismo lapso solo se dictaron 80 sentencias, de las cuales 30 fueron condenatorias. Además, los tiempos de resolución de estos casos son prolongados, con expedientes que pueden tardar entre dos y ocho años en recibir sentencia. En Chihuahua, por ejemplo, un caso iniciado en 2012 concluyó con una absolución en 2015, mientras que otro de 2014 obtuvo condena hasta 2021.
Especialistas atribuyen la impunidad a la falta de herramientas metodológicas en las fiscalías y a la deficiente integración de las investigaciones. Claudia Morales, coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero, explicó que las fiscalías tienen una responsabilidad mayor que los jueces, ya que si los casos se presentan con carencias probatorias, el Poder Judicial difícilmente podrá emitir sentencias condenatorias.
La crisis de desapariciones y la falta de justicia han generado preocupación entre organizaciones civiles. México Unido contra la Delincuencia (MUCD) advirtió que la inacción de las autoridades ha permitido que los grupos criminales sigan operando sin consecuencias. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro destacó que la falta de eficacia en las fiscalías impide la resolución de estos casos. En el contexto del hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, reiteraron que las actuales instituciones de justicia no han sido capaces de responder a la magnitud del problema.
A pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada entró en vigor en 2017, el número de condenas sigue siendo extremadamente bajo. Las organizaciones advierten que la impunidad en estos delitos se ha convertido en un problema estructural y que la crisis de desapariciones en México solo podrá atenderse con cambios profundos en las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia. (Mas).
