Desde 2021, el municipio de Teuchitlán, Jalisco, fue notificado formalmente por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) por no atender medidas mínimas de prevención frente a la desaparición forzada de personas. Esto incluyó el incumplimiento de la Recomendación General 3/2018, que establece obligaciones específicas para los municipios en la implementación de protocolos de búsqueda y atención a víctimas.
La Recomendación 104/2021, emitida por la CEDHJ, señala que el gobierno municipal de Teuchitlán no generó acciones de coordinación con autoridades federales y estatales para prevenir desapariciones, ni elaboró protocolos de búsqueda permanentes, ni capacitó adecuadamente a sus cuerpos de seguridad.
“Existe omisión por parte del gobierno municipal en el cumplimiento de los deberes y obligaciones contenidos en los tratados internacionales suscritos y ratificados por México, así como en la legislación interna en materia de desaparición de personas”, indica el documento.
Esta resolución cobra particular relevancia tras las revelaciones sobre el llamado Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, donde, como ha documentado Emeequis, operaba un campamento de desaparición y reclutamiento forzado. Madres buscadoras y testimonios de sobrevivientes han apuntado a que ese predio fue utilizado por grupos criminales durante varios años, sin que existiera intervención efectiva del gobierno local.
La recomendación de la CEDHJ se deriva del expediente de queja 6478/2020-IV, iniciado de oficio el 10 de septiembre de 2020. En ella se indica que Teuchitlán no respondió de forma efectiva a la Recomendación General 3/2018 y que carece de políticas públicas para “la prevención de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y el incumplimiento de garantías suficientes y necesarias para la prevención, búsqueda y localización de las personas desaparecidas”.
La Comisión preguntó expresamente al municipio si contaba con estadísticas sobre desapariciones, programas de prevención, grupos especializados de búsqueda, o áreas de atención a víctimas. La respuesta oficial, firmada por el entonces presidente municipal, reconoce que no cuentan con personal especializado ni con grupos de búsqueda: “La Comisaría de Seguridad Pública no cuenta con personal capacitado al 100% en materia de búsqueda de personas” y “no cuenta con grupos para búsqueda de personas”, se lee en el documento.
Además, el gobierno local confirmó que no tiene programas de atención ni apoyo para familiares de personas desaparecidas: “No se cuenta con algún programa inherente al tema”, respondió al requerimiento oficial.
Los presidentes municipales
En 2020, el presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, era José Alejandro Arreola Soto. Ocupó el cargo durante el periodo 2018-2021. Inició su mandato el 1 de octubre de 2018, tras ser electo por el partido Morena, y concluyó el 30 de septiembre de 2021.
Fue relevado por José Ascensión Murguía Santiago, de Movimiento Ciudadano (MC), para el periodo 2021-2024. Fue reelecto en 2024 para un tercer mandato (estuvo en el cargo de 2012 a 2015) el 1 de octubre de 2024, el cual se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2027. Le tocó estar al mando durante el operativo de la Guardia Nacional en el Rancho Izaguirre el 18 de septiembre de 2024, cuando se detuvo a 10 personas, se liberó a dos secuestrados y se halló un cadáver.
Jalisco: cifras alarmantes
La Recomendación 104/2021 sostiene que, a tres años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Teuchitlán seguía sin cumplir con sus obligaciones. “El ayuntamiento no ha realizado acciones tendientes a cumplir con las disposiciones de la misma”, señala el texto.
Entre los derechos humanos que la CEDHJ considera vulnerados por estas omisiones están: el derecho a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas, el derecho a la verdad, a la vida, a la libertad personal, a la integridad, a la asistencia a víctimas del delito y al recurso judicial efectivo.
El caso del Rancho Izaguirre fue expuesto por colectivos como Guerreros Buscadores y Luz de Esperanza, quienes han exigido explicaciones sobre la falta de acción institucional en esa zona de Teuchitlán. Según testimonios, en ese predio se encontraron restos humanos y evidencia de que operó un centro clandestino vinculado a desapariciones. La falta de intervención del gobierno municipal ha sido uno de los puntos señalados por familiares de víctimas.
“Se evidencia la falta de coordinación del municipio con las autoridades federales y estatales para implementar acciones suficientes y efectivas para la prevención de los delitos de desaparición forzada”, sostiene la CEDHJ. La Comisión también resaltó que en las inspecciones hechas a la página oficial del ayuntamiento no encontró evidencia de programas, direcciones o áreas dedicadas al tema de desapariciones.
El contexto de violencia en Jalisco es crítico. De acuerdo con cifras de la Comisión y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), la entidad encabeza el número de reportes de personas desaparecidas en el país. Hasta febrero de 2021, Jalisco concentraba 11,851 casos, con un promedio de 7.8 desapariciones diarias en los tres años previos.
Aunque Teuchitlán no está entre los primeros municipios con mayor número de casos, sí figura entre los 125 que tienen al menos un reporte. La CEDHJ subraya que todos los municipios tienen la obligación legal de implementar políticas públicas preventivas y mecanismos de atención. “El municipio debe cumplir con el deber jurídico de prevenir la consumación de conductas delictivas y coadyuvar con las autoridades federales y estatales”, advierte el organismo.
Hasta la fecha, no hay constancia pública de que el gobierno de Teuchitlán haya cumplido los puntos recomendatorios contenidos en la Recomendación 104/2021. Tampoco se ha informado de acciones posteriores a su emisión. En contraste, el caso del Rancho Izaguirre sigue siendo investigado por autoridades estatales y federales.
Documentos obtenidos por Emeequis revelan que, desde 2020, la CEDHJ advirtió al municipio sobre la necesidad de crear protocolos, capacitar a su personal y establecer áreas de atención. La falta de respuesta institucional coincide con el periodo en el que, según los testimonios, operó el rancho donde ocurrieron desapariciones.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos concluye que el municipio ha incurrido en omisiones que contribuyen a la persistencia del fenómeno. “Esta recomendación se emite por el incumplimiento integral de los deberes y obligaciones del gobierno municipal (…) para la prevención de los delitos de desaparición forzada y la atención de sus familiares”, sentencia el documento.
