Inicio Nacional Gobierno federal no reemplazará a estados en tareas de seguridad: Peña Nieto

Gobierno federal no reemplazará a estados en tareas de seguridad: Peña Nieto

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El gobierno federal no está para reemplazar o sustituir las tareas en materia de seguridad que les competen a los órganos de seguridad pública de los gobiernos locales, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.

Hizo hincapié en que el gobierno de la República no elude su responsabilidad en ese tema, pero tampoco puede ser sustituto de las responsabilidades propias de las instituciones de los estados y municipios.

La seguridad es “una tarea que nos compete a todos, que a todos los órdenes de gobierno involucra”, expuso durante el Cuarto Foro Nacional Sumemos Causas. Por la Seguridad, Ciudadanos + Policías.

Todos tenemos la responsabilidad, con las organizaciones de la sociedad civil, de mejorar las condiciones de seguridad para la sociedad mexicana, abundó el mandatario.

“No es una tarea única del gobierno de la República, sino que convoca a los esfuerzos de todos los órdenes de gobierno”, insistió Peña Nieto en el foro celebrado en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.

En compañía del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, reconoció el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad por mejorar las condiciones de seguridad de todos los mexicanos.

Dichas organizaciones demuestran su interés en adherirse a los gobiernos para contribuir a la tarea de lograr “una reducción sensible en los niveles de violencia que hasta hace poco estábamos observando en nuestro país”.

El jefe del Estado Mexicano destacó que existe una disminución en los niveles de violencia en el país, sobre todo se reportan menos homicidios dolosos, mientras que en aquellas entidades señaladas por tener altos índices de este delito y violencia hoy “el rostro es otro”.

Durante el acto al que asistió la presidenta de la organización Ciudadanos por una Causa en Común, María Elena Morera, puso como ejemplo los casos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El mandatario destacó que en esas entidades ha habido una reducción de la violencia, aunque reconoció que no se ha llegado a los objetivos trazados y por ello no se debe cejar en el esfuerzo de abatir esos niveles de agresión.

El gobierno federal recoge las propuestas de organizaciones de la sociedad civil sobre tareas que corresponden al Ejecutivo federal, en conjunción con los gobiernos locales, para lograr que los gobiernos en todos los órdenes trabajen con un mismo propósito, sometidos al escrutinio público y a la evaluación constante de la ciudadanía.

Fue firme al señalar que su gobierno “no rehuye, sino por el contrario, hace suya esta demanda de la sociedad y de las organizaciones de la sociedad civil para estar siempre sometido a una evaluación y poder apreciar los avances”, así como dónde se deben focalizar los esfuerzos y dónde se debe mejorar, aseveró.

También hizo mención a la capacitación de las corporaciones policiacas y al Programa Rector de Profesionalización, que se aplica desde el año pasado y ha permitido avanzar en la formación de sus mandos, lo que va en consonancia de la aplicación del nuevo sistema penal.

Enrique Peña Nieto destacó el avance en la dignificación de los agentes de seguridad, particularmente del orden federal, con la entrega de apoyos como créditos y subsidios para la vivienda, para premiar y reconocer el esfuerzo de los buenos policías.

Reconoció que es lamentable que a veces las instituciones policiacas estén estigmatizadas y señaladas por el mal desempeño de algunos de sus elementos, y que por otro lado “a veces estemos alejados de premiar, de reconocer y de valorar el esfuerzo estoico de muchas y muchos policías que arriesgan su vida todos los días para brindar seguridad a la sociedad mexicana”.

En el acto el presidente Peña Nieto también informó que giró instrucciones para que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), organice un debate amplio sobre el consumo de la mariguana.

La decisión se tomó a partir de una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que amparó a cuatro personas para que puedan cultivar y consumir de modo recreativo esa sustancia.

El mandatario comentó que este debate podrá definir cuáles pudieran ser las políticas y acciones que como Estado se deben tener sobre el consumo de dicha planta.

Se debe ir más allá de lo que ha sido la resolución de orden judicial, afirmó el Ejecutivo federal, quien subrayó que en el debate especializado deberán participar sociólogos, médicos, académicos y organizaciones que conozcan de este tema.

Fue enfático al recordar que el fallo de ese alto tribunal sostiene que este estupefaciente sí genera efectos dañinos a la salud, pero desde la perspectiva de los derechos humanos no se puede negar que las personas hagan uso de su libertad para consumirla.

Reiteró además la posición de su gobierno respecto a que esta sentencia de ninguna manera significa la legalización de la mariguana, pero que abre la posibilidad a un amplio debate para definir las políticas que se deben asumir sobre este tema.

Peña Nieto enfatizó que se deben observar los alcances médicos y sociológicos que tendría una eventual apertura en su consumo, y que “esto de ninguna manera suponga una apertura y liberalización tal para el consumo de drogas mucho más dañinas para la salud personal y para la salud pública”.

El debate anunciado también permitirá llegar a una posición que como país presentará en abril 2016, durante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas Organización de las Naciones Unidas.

Antes de arribar a este debate internacional y del llamado del gobierno de la República para que especialistas analicen el tema, consideró necesario involucrar en este tema al Poder Legislativo.

Peña Nieto mencionó que la propia sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación define que corresponderá al Ejecutivo y al Legislativo, en el ámbito de sus competencias, determinar lo que en el futuro se deba proceder sobre el consumo de la mariguana.

Esta es una tarea que se debe abordar como Estado, pues “no está en un sólo ámbito o en un sólo Poder, es una tarea que debemos acometer de forma conjunta Ejecutivo y Legislativo” para que a partir del debate y foros, se pueda tomar una decisión más clara y más precisa, dijo.

Acompañado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la procuradora general de la República, Arely Gómez González, y el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, mencionó que en la sociedad no hay una posición única sobre la eventual aprobación o no del consumo de esa droga.

En este sentido recordó su posición personal respecto al tema respecto a que “no sería deseable ni estoy en favor de una eventual legalización en el consumo de la mariguana”, pero que esta posición tampoco riñe con su convicción personal para abrir un debate que científicamente y con argumentos sólidos permita arribar a otra posición.

“Soy de los que cree que la apertura sobre este tema puede abrir espacio e inducir al consumo de otras drogas mucho más dañinas para la persona y para la salud pública. Sin embargo, no puedo ser dueño único de la verdad”, expuso el Ejecutivo federal ante representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Se declaró abierto, como presidente de la República, a recoger posiciones debidamente documentadas, científicamente sostenibles, que eventualmente puedan dar curso a una posición distinta.

Si ese fuera el caso, como Estado, se elaboraría la legislación conveniente y prudente con la participación del Legislativo para establecer un marco regulatorio a partir de lo que se defina, y las políticas públicas que el gobierno deberá
asumir.

Peña Nieto reiteró que como lo marca el precedente judicial que estableció la Primera Sala de la Corte, el consumo de la mariguana debe observarse desde la perspectiva de los derechos humanos y no solamente desde la óptica de la criminalización.

Es decir, hacer sujetos de derecho penal a quienes la consuman, ya sea por uso recreativo o médico, lo que es un debate que está presente en diversos países del mundo.