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Gasta gobierno de AMLO casi 10 mil mdp en empresas fantasmas, recién creadas o sancionadas

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Las compras públicas que realizó el gobierno federal durante 2021 estuvieron plagadas de irregularidades, entre las más graves se encuentran otorgar contratos a empresas fantasmas, de reciente creación e incluso a corporaciones que han sido sancionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), así lo dio a conocer el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C en su reporte más reciente.

Durante la presentación del Índice de Riesgos de Corrupción 2022 —herramienta que evalúa miles de compras públicas de la administración pública federal— el Imco confirmó que diversas instituciones federales incumplieron las leyes de contrataciones al adjudicar más de nueve mil 797 millones de pesos a proveedores “riesgosos” que fueron catalogados como empresas fantasma o sancionados por autoridades federales o de reciente creación.

Esto va en contra de la promesa del gobierno federal, que aseguró al inicio de esta administración que se erradicarían prácticas de corrupción y la discrecionalidad para la asignación de millonarias bolsas presupuestales, como por ejemplo, licitaciones a modo para empresas sin experiencia y nuevas.

Asimismo, la organización identificó que en 2021, el riesgo de corrupción de las compras públicas aumentó en 75 de 260 instituciones federalesque representan 29% del total y de ellas, existe un “riesgo muy alto” de corrupción en compras de 22 instituciones federales.

Mientras que otro de los hallazgos importantes es que cuatro de cada 10 pesos en compras públicas se definieron a través de procedimientos sin competencia, ya que el año pasado, 41% del monto total fue por medio de licitaciones directas y solo 4% a través de invitaciones restringidas.

Se agudiza corrupción

El Imco dividió en cuatro categorías a las instituciones federales, según el monto gastado por año. “A mayor puntaje, mayor el riesgo de corrupción en compras públicas”. Y fue el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México la institución con el mayor retroceso de 2020 a 2021; no obstante, el GACM aclaró más adelante que sus procesos de compras públicas se apegan a la normatividad y cumplen con la ley.

Por medio de una carta enviada a Publimetro, el Grupo Aeroportuario asegura que las interpretaciones del estudio fueron erróneas, por lo que destaca irregularidades en sus procedimientos.

Esto debido a que su riesgo de corrupción aumentó en 48.3 puntos. En contraste, con una disminución de 42 puntos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fue la institución con el mejor resultado en la medición.

En el sector salud también se detectó que existe poca transparencia en las compras de algunas instituciones. Por ejemplo, en 2021 el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) no publicó la documentación completa de 64 licitaciones públicas que realizó.

CFE y Pemex, en opacidad

En apartado diferente el Instituto Mexicano de Competitividad reveló que entre los entes obligados que no rindieron cuentas y fueron opacos con sus contratos se encuentran la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), pues no se logró identificar las compras que hicieron en ese lapso en el sitio Compranet.

En tanto el Banco del Bienestar (BanBien) se posicionó como una de las instituciones federales más opacas, pues sus compras públicas se caracterizaron por procedimientos sin competencia, ya que 89% del monto contratado se adjudicó directamente, es decir, se adjudicaron contratos a empresas directas.

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A su vez, el Insabi se alzó con la primera posición del índice en cuestiones de nula transparencia, pues tuvo severos problemas en brindar información completa y oportuna, además de que 98% de las compras realizadas por esta institución no están disponibles en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA), lo que impidió “contar con datos sobre el número y nombre de los proveedores participantes”, refirió el Imco.

Datos:

  • Cuatro de cada 10 pesos en compras públicas se gastaron a través de procedimientos sin competencia: en 2021, 41% del monto total fue adjudicado directamente y 4% a través de invitaciones restringidas.
  • Las instituciones federales incumplieron las leyes de contrataciones al adjudicar más de nueve mil millones de pesos a proveedores “riesgosos” como empresas fantasma, sancionadas y de reciente creación.
  • 29% de las instituciones federales aumentaron su puntaje de riesgo de corrupción en las compras públicas respecto a 2020.
  • En la clasificación de riesgo “alto”, el Imco situó a 34 instituciones federales, en este rango el gasto federal contemplado es de entre mil y tres mil millones de pesos.
  • Entre las instituciones que gastaron más de tres mil millones de pesos en 2021, el Insabi fue la institución con mayor riesgo. En contraste, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) fue la institución con el menor puntaje de riesgo con respecto a las 264 instituciones analizadas.

A considerar:

  1. El Instituto Mexicano para la Competitividad documentó que el monto de los contratos entregados en 2021 a empresas de reciente creación, consideradas como “proveedores riesgosos” por su potencial de corrupción, fue cuatro veces mayor al de 2020 y 15 veces más que en 2019.
  2. El ranking señaló que las tres principales instituciones de Salud pública del gobierno federal, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tuvieron índices elevados debido a que recurrieron a adjudicaciones directas, incumplieron las prácticas de transparencia o porque realizaron procesos de adjudicación exprés.
  3. En 2021, 264 instituciones de la Administración Pública Federal realizaron 173 mil 501 compras públicas por un monto total de 473 mil 391 millones de pesos.
  4. El Imco desarrolló el índice de Riesgos de Corrupción (IRC), una herramienta de análisis que identifica prácticas de riesgo de corrupción en las compras públicas de las instituciones federales a través de 27 indicadores de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley. (Publimetro).