Testigo fiel
Por: Jesús Torres
“Fuego amigo” en el Tribunal Electoral
Por momentos, la política tabasqueña parece empeñada en demostrar que las instituciones no se debilitan desde fuera, sino desde dentro.
Lo que hoy ocurre en el Tribunal Electoral de Tabasco (TET) es un ejemplo claro de ello: una disputa de poder que, lejos de ser un asunto personal, amenaza con convertirse en una crisis institucional de gran calado.
En el centro del conflicto aparece el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, señalado como pieza clave en una estrategia de “fuego amigo” contra el propio órgano electoral.
El objetivo, según diversas fuentes, habría sido mantener el control del TET mediante la prolongación irregular de la presidencia de la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, aun cuando su permanencia rebasaba los límites constitucionales.
El intento fracasó. Con la designación de nuevos magistrados y la llegada de Oswald Lara Borges a la presidencia del Tribunal Electoral, el relevo institucional se consumó.
Pero lo que debió ser una transición normal derivó en una ofensiva política y jurídica para desacreditar y desestabilizar al nuevo liderazgo del TET.
El juicio ciudadano promovido por Espinosa Armengol ante la Sala Superior del TEPJF parece responder más a una lógica de presión que a una auténtica defensa de derechos.
La narrativa de violencia institucional y de género, tan recurrente en disputas de poder, se enfrenta a un expediente que, según el propio informe circunstanciado, desmantela uno a uno los señalamientos y los reduce a reclamos administrativos sin impacto real en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Llama la atención que, mientras se acusa exclusión y discriminación, existan evidencias de conductas que habrían buscado paralizar al Tribunal, afectar sesiones públicas e incluso poner en riesgo derechos laborales del personal, todo con tal de conservar espacios de influencia.
A ello se suman las observaciones no solventadas del Órgano Superior de Fiscalización del Estado por presuntos malos manejos de recursos públicos durante la gestión de la ex presidenta, un elemento que ayuda a entender la intensidad de la disputa.
El trasfondo es claro: no se trata de género ni de institucionalidad, sino de poder, presupuesto y control.
Y en ese tablero, la presunta intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia resulta especialmente preocupante, pues coloca a dos instituciones clave del sistema judicial en una ruta de confrontación innecesaria.
Tabasco está ante un escenario delicado. El Tribunal Electoral enfrenta quizá el mayor desafío de su historia reciente, con un pronóstico de choque frontal por el control de la sede judicial electoral.
La resolución de la Sala Superior del TEPJF marcará un punto de inflexión, pero la pregunta de fondo permanece: ¿prevalecerá la legalidad y la autonomía institucional o se impondrán, una vez más, las ambiciones personales disfrazadas de causas nobles?
