La empresa Producciones Telemar, S.A. de C.V., difundió un oficio de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) en el cual le solicita los nombres de sus trabajadores encargados de redactar diversas notas periodísticas, de quienes autorizaron su publicación así como del director o encargado de la compañía, para integrar la información a una carpeta de investigación por el delito de calumnia y lo que resulte.
De acuerdo con el oficio, recibido este 15 de octubre, si no se entrega la información en un plazo de cinco días hábiles podría haber sanciones económicas y proceso legales, lo cual según la empresa, ha sido “interpretado por analistas y periodistas como un intento de control y censura sobre el medio local”.
Cabe destacar que las notas periodísticas de las cuales pide información la Fiscalía de Campeche y que busca integrar a una indagatoria por presunta calumnia, son sobre la gobernadora, la morenista Layda Sansores, y su administración, incluidas algunas sobre los actos de censura en contra del diario Tribuna y el periodista Jorge González.
Al respecto, Producciones Telemar señala que el oficio girado en su contra se da precisamente “tras la censura previa al medio de comunicación Tribuna de Campeche, que enfrenta presiones legales y advertencias por publicaciones críticas al gobierno estatal”.
Esta acción, prosigue el comunicado, “refuerza” la percepción de que las instituciones del gobierno buscan “limitar la libertad de expresión y acallar la cobertura periodística” que cuestiona el actuar de los servidores públicos, lo cual genera “un ambiente de autocensura entre los medios locales”.
Si bien el documento hace referencia a artículos de la Constitución Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche, que obligan a personas y empresas a dar información al ministerio público en caso de investigaciones, el uso de estas normas “donde se cuestiona la labor periodística podría constituir un exceso de autoridad”, señala el medio.
“La comunidad periodística hace un llamado a garantizar que la labor informativa pueda desarrollarse sin presiones ni censura, en cumplimiento del artículo 6 de la Constitución que protege la libertad de expresión en México”, concluye el comunicado.
Otros actos de censura en Campeche
Desde el pasado 15 de julio, un censor revisa las publicaciones del medio Tribuna de Campeche y una persona acompaña al periodista Jorge Luis González Valdez en sus actividades periodísticas, como parte de las medidas cautelares ante el presunto delito de incitación al odio contra la gobernadora Sansores.
Tras la determinación de la jueza, el medio Tribuna anunció que dejaría de publicar contenido mientras estas medidas sigan vigentes. “Lo más aberrante es que la jueza afirmó que no se impide la libertad de expresión, pero hay que cuidar que no se lastime la dignidad de la gobernadora Sansores”, mencionó.
A mediados de septiembre, un juzgado de Campeche ordenó mantener por tres meses más las medidas cautelares impuestas contra el periódico Tribuna y contra el periodista Jorge González Valdéz para no hablar sobre la mandataria.
Otro caso es el de Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez Camal y Hubert Carrera Pali, periodistas del medio La Barra Noticias, quienes ofrecieron disculpas públicas a la gobernadora por emitir expresiones que constituyeron “violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”. (Animal Político).
