Familias de personas desaparecidas en México respaldaron el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que advierte sobre la crisis en el país, mientras que el Gobierno federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechazaron el documento al calificarlo como “tendencioso” y basado en una visión sesgada.
El posicionamiento de los colectivos fue retomado de información difundida por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y organismos internacionales, quienes consideran que la decisión de llevar el caso mexicano ante la Asamblea General de Naciones Unidas representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional y atender el problema.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México señaló que esta medida abre una posibilidad histórica para reforzar las acciones de búsqueda y subrayó que el objetivo común debe ser “encontrar, identificar y regresar a casa a todas las personas desaparecidas”. Asimismo, indicó que la resolución se basa en información recopilada desde 2012 y evidencia limitaciones en las capacidades del Estado para atender este delito.
De acuerdo con datos citados en el informe, entre enero de 2023 y abril de 2025 se reportaron 28 mil 880 personas desaparecidas, además de más de 4 mil 500 fosas clandestinas, más de 6 mil 200 cuerpos localizados y cerca de 72 mil restos humanos sin identificar a inicios de 2026. En total, la crisis alcanza a más de 130 mil personas desaparecidas en el país.
Organizaciones como Amnistía Internacional también respaldaron el informe y pidieron al Estado mexicano aceptar la cooperación técnica internacional.
La ONG sostuvo que reconocer avances institucionales no exime a las autoridades de atender las observaciones y enfatizó que las víctimas y sus familias deben estar en el centro de la respuesta.
En contraste, el Gobierno de México, a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, rechazó el informe del comité de la ONU al considerar que omite los esfuerzos realizados por la actual administración y que se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017.
En un comunicado, las autoridades afirmaron que el documento es “parcial y sesgado” y reiteraron que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.
A esta postura se sumó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también rechazó las conclusiones del comité al señalar que parten de una lectura “sesgada, contradictoria y sin perspectiva histórica ni internacional”. El organismo cuestionó que se haya dado mayor peso a posturas de organizaciones civiles por encima de los esfuerzos institucionales realizados en los últimos años.
La CNDH sostuvo que antes de una intervención internacional debieron agotarse los mecanismos nacionales previstos y acusó al comité de ignorar disposiciones de la convención.
Además, afirmó que las desapariciones forzadas como política de Estado corresponden a periodos pasados, mientras que los casos recientes requieren fortalecer las instituciones y ordenar los procesos de búsqueda.
También rechazó propuestas como la cooperación técnica internacional y la creación de mecanismos especiales, al considerar que replican esquemas externos que no han resuelto la problemática, y criticó a algunas organizaciones por, según dijo, lucrar y politizar el tema.
En un comunicado, las autoridades afirmaron que el documento es “parcial y sesgado” y reiteraron que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.
Además, defendieron que se han destinado más de 3 mil 400 millones de pesos en apoyos a productores y que existe coordinación institucional para atender la problemática, así como disposición a la cooperación internacional, aunque no bajo premisas que, señalaron, no reflejan la realidad actual del país. (EFE).
