La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el delito de peculado sí prescribe, al invalidar una disposición del Código Penal de Colima que establecía que este ilícito no tenía límite de tiempo para ser perseguido, lo que reaviva el debate sobre el combate a la corrupción en el país.
La decisión se tomó al resolver un amparo promovido por la exalcaldesa de Villa de Álvarez, Yulenny Cortés León, y la extesorera municipal María de los Ángeles Sosa Chávez, acusadas del desvío de más de 25 millones de pesos entre 2017 y 2018.
Con seis votos a favor y tres en contra, el Pleno del máximo tribunal determinó que considerar el peculado como imprescriptible vulnera el principio de seguridad jurídica, ya que permitiría que una persona pueda ser procesada penalmente sin límite de tiempo.
“No es posible que un gobernado permanezca indefinidamente en la incertidumbre de ser objeto de un proceso penal sólo por la incapacidad del estado para investigar las conductas ilícitas”, señaló el ministro Giovanni Figueroa Mejía durante la discusión.
Por su parte, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo que, aunque la corrupción ha proliferado, no todos los delitos pueden considerarse imprescriptibles, ya que esta figura está reservada en el ámbito internacional para crímenes de alta gravedad como los de lesa humanidad.
La ministra María Estela Ríos González advirtió sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre sancionar el desvío de recursos públicos y evitar que este tipo de delitos se utilicen con fines de persecución política, al tiempo que calificó como grave el impacto de estos actos en derechos fundamentales, como el pago de salarios.
En contraste, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama votaron en contra, al considerar que la corrupción puede tener efectos graves y que limitar su persecución podría favorecer la impunidad.
Como parte de la resolución, la SCJN concedió el amparo únicamente respecto a la imprescriptibilidad del delito, pero no sobre otras conductas imputadas, por lo que el caso será devuelto a instancias inferiores para continuar su proceso.
La Corte subrayó que, aunque la corrupción es un problema que afecta gravemente al país, su persecución debe apegarse a los principios constitucionales, evitando medidas que puedan generar incertidumbre jurídica o ser utilizadas con fines políticos. (Mas).
