El juicio a Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, proseguirá en España, luego de que este viernes la Justicia desestimó el recurso presentado por la defensa para que la infanta fuera eximida del proceso que juzga un gran escándalo de corrupción.
Cristina de Borbón está acusada de cooperar en dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su esposo, Iñaki Urdangarin, y que tienen que ver con el desvío de más de 6 millones de euros de fondos públicos al Instituto Nóos.
Esta entidad estuvo presidida por Urdangarin entre 2004 y 2006.
La infanta compartía con su marido 50% de Aizoon, la empresa que Urdangarin habría usado para desviar los fondos ilícitos de su patrimonio personal, lo que supondría un fraude a la Hacienda Pública.
Con esta decisión, el juzgado de Palma, que lleva el caso, admite la acusación del grupo Manos Limpias -que se presenta como acusación popular-, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la abogacía del Estado y, por supuesto, los abogados de la infanta, que habían pedido la suspensión judicial de la acusación.
Todos utilizaron como argumento que no se la podía juzgar por delitos fiscales al no estar acusada por un perjudicado directo, que en este caso sería la Hacienda Pública a través del abogado del Estado, ni tampoco por el fiscal, ya que ambos rehusaron presentar cargos.
Sin embargo, la justicia consideró este viernes que el delito contra Hacienda, del que está acusada como cooperadora en el llamado caso Nóos, es de naturaleza «difusa» y daña un bien colectivo, por lo que la Agencia Tributaria no es el «único perjudicado» y cabe una acusación popular.
Así avala la acción que ejerce Manos Limpias y asegura que este tipo de delitos de naturaleza «difusa, colectiva o metaindividual» es el espacio «donde halla su más plena justificación la participación de los ciudadanos en el proceso».
Se trata de la primera vez que una infanta de España, título que reciben los hijos de los reyes que no ocupan el primer lugar en la sucesión, es sometida a un juicio.
En este caso será juzgada por su presunta cooperación en los delitos de su marido, que está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales.
Este escándalo llevó al rey Felipe VI a retirarle el título de Duquesa de Palma de Mallorca en junio de 2015 y excluirla de todos los actos oficiales de la Casa Real.
Sin embargo, la infanta mantiene los derechos dinásticos -es la sexta en la línea de sucesión-, de los que no se le puede privar salvo que ella decida renunciar por propia iniciativa.
Tras conocer la decisión judicial, la Casa del Rey reafirmó a través de un portavoz su «absoluto respeto a la independencia del poder judicial».
En términos similares se manifestó, también este viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Por su parte, el abogado de la infanta, Miquel Roca, anunció que elevará una protesta ante el juzgado de Palma por considerar que se aparta de la «literalidad de la ley y de la doctrina consolidada y vinculante del Tribunal Supremo» al mantener la acusación contra la infanta.
El letrado se refiere a la llamada en España «doctrina Botín», aplicada al expresidente del Grupo Santander y establece que para abrir juicio a una persona ésta debe ser acusada por un perjudicado directo o un fiscal.
Con esta resolución, la justicia impone a Cristina de Borbón «la pena del banquillo», estimó Roca, ya que deberá comparecer en el juicio que se reanudará el próximo 9 de febrero. (EFE)
