La impunidad en México sigue siendo una constante alarmante: en 2024, de los 33.5 millones de delitos cometidos en el país, el 98.8% no fue resuelto, lo que implica que alrededor de 33.1 millones de casos no fueron ni denunciados ni investigados, según los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025.
Esta cifra, también conocida como “cifra negra”, revela un retroceso en los esfuerzos por combatir la impunidad, ya que regresa a niveles de 2021 y muestra queno ha habido avances tangibles en la eficacia del sistema de justicia penal.
El análisis fue realizado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a partir de datos de la ENVIPE 2025, que consultó a más de 100 mil hogares en todo el país. La encuesta no solo estima el número total de delitos ocurridos, sino que también rastrea el destino de los casos denunciados y las razones por las cuales la mayoría de las víctimas optan por no acudir ante las autoridades.
De cada mil delitos registrados, solo 68 derivaron en una carpeta de investigación; y de estos, el 85% no avanzó más allá de la apertura de expediente, quedando en trámite o sin resolución alguna. Esto significa que solo ocho casos por cada mil cometidos (0.8%) concluyeron con algún tipo de resultado, como recuperación de bienes, reparación del daño o consignación ante un juez. La capacidad institucional para procesar delitos permanece estancada, aun cuando el volumen de crímenes varía año con año.
De hecho, entre 2019 y 2024, el número de delitos estimados aumentó en casi 3 millones, pero el número de carpetas de investigación abiertas no creció, manteniéndose en alrededor de 2.3 millones anuales. La relación entre denuncias e investigaciones refleja que la estructura de procuración de justicia no responde proporcionalmente al tamaño del problema, operando bajo una dinámica donde el sistema se mantiene estático ante un caudal creciente de delitos.
Por tipo de delito, el panorama es igualmente preocupante. La impunidad en casos de violación y secuestro ha aumentado de forma significativa. En 2019, el 59.4% de los casos de violación no se denunciaban; en 2024, esa cifra subió al 87.5%. En el caso del secuestro, la cifra negra pasó de 76% a 80.3% en el mismo periodo. Mientras tanto, delitos como el hostigamiento sexual, fraude, extorsión y robo en vía pública mantienen niveles constantes de invisibilidad: más del 90% no se denuncia ni se investiga.
Una excepción destacable es el robo de vehículo, donde dos de cada tres casos sí se denuncian. Este contraste sugiere que cuando hay un incentivo claro –como una póliza de seguro–, las personas tienen mayor disposición a interactuar con el sistema judicial. El dato revela que el diseño institucional y los beneficios concretos pueden modificar el comportamiento de las víctimas.
Entre las principales razones para no denunciar, el 35% de los encuestados señaló que denunciar es una pérdida de tiempo. A esto se suman otros factores como la desconfianza en la autoridad (15%), considerar el delito de poca importancia (14%), la falta de pruebas (9.7%), los trámites largos (10%) y el miedo al agresor (5.8%). La percepción de trámites complejos y poco efectivos ha generado un entorno donde las víctimas optan por no reportar los delitos, al prever que no habrá resultados o que la carga del proceso es excesiva.
Incluso en los pocos casos donde sí se abre una carpeta, los resultados son mínimos. En 2024, de los delitos denunciados, el 41.7% sigue “en trámite” y el 38% terminó sin ningún efecto. Solo entre 8 y 10% de las denuncias concluyeron con algún tipo de resolución efectiva. La ruta más frecuente para los expedientes es quedarse en la etapa inicial o detenerse sin avances, lo que refleja un embudo procesal que limita cualquier posibilidad de justicia.
El análisis de MCCI concluye que el foco no debe estar en promover únicamente más denuncias, sino en mejorar radicalmente la capacidad de respuesta del sistema. Señala tres prioridades urgentes: acortar los tiempos de atención, facilitar el acceso a pruebas y trámites, y garantizar resultados tangibles como la reparación del daño. Sin embargo, advierte que nada de esto será viable sin recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales y abatir la percepción de corrupción.
Una mejora de apenas un punto porcentual en la tasa de conversión de delitos en investigaciones efectivas implicaría más de 330 mil casos con desenlace cada año. La clave está en convertir mejor lo que ya llega a las autoridades, no solo en aumentar el flujo de denuncias. Por ahora, la gran mayoría de las víctimas en México sigue enfrentando un sistema que les responde con silencio, trámites interminables o simple indiferencia. (Mas).
