Empresas filiales al Grupo Azvi, actualmente implicadas en una investigación judicial por presuntos sobornos en España dentro del llamado caso Koldo, obtuvieron contratos de obra pública en México por un total de 58 mil 390 millones de pesos durante el periodo 2019-2023.
Dichos contratos se adjudicaron tras una reunión entre intermediarios y funcionarios del gobierno mexicano ocurrida en febrero de 2019, en la que participaron el entonces secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y el expresidente del Senado, Ricardo Monreal.
Las obras adjudicadas a las empresas del grupo español incluyeron proyectos estratégicos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y del gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, como el Tren Maya, el Tren Interoceánico y el Trolebús elevado de Iztapalapa.
Documentos oficiales obtenidos por el medio Animal Político confirman la asignación de ocho contratos en total a las filiales de Grupo Azvi entre 2019 y 2023, lo que representó un aumento del 262% en sus ingresos obtenidos en México.
El primer contrato se asignó en 2019 a Construcciones Urales, una de las empresas de Grupo Azvi, por 1 mil 100 millones de pesos para la reparación de vías del Tren Interoceánico. La adjudicación fue hecha por la Secretaría de Marina en conjunto con otras dos compañías: Consorcio Ferroviario FIT, S. A. de C. V. y Regiomontana de Construcciones y Servicios, S.A.P.I. de C.V.
Durante la administración de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno capitalino, las empresas Construcciones Urales, S.A. de C.V. y Construcciones Urales Procesos Industriales, S.A. de C.V. obtuvieron cinco contratos relacionados con el Trolebús elevado de Iztapalapa por un monto total de 1 mil 219 millones de pesos. Dos de estos contratos fueron adjudicaciones directas, y uno más se otorgó por invitación a tres empresas.
Una de las adjudicaciones más relevantes fue la del Tramo 3 del Tren Maya, realizada en mayo de 2020, por un monto inicial de 10 mil millones de pesos. Según reveló el periódico Reforma, el costo final de este tramo se duplicó. Posteriormente, en junio de 2021, las empresas del consorcio formado por Bombardier Transportation México, Alstom Transport México, Gami Ingeniería e Instalaciones y las filiales de Grupo Azvi, recibieron un contrato por 36 mil 563 millones de pesos para la adquisición de material rodante, talleres, cocheras y sistemas ferroviarios del mismo proyecto.
En este tramo del Tren Maya ocurrió el primer incidente técnico en marzo de 2024, cuando el cuarto vagón del tren D006 se descarriló cerca de la estación Tixkokob, en el estado de Yucatán, poco tiempo después de haber iniciado operaciones.
Según declaraciones judiciales del empresario Víctor Aldama, realizadas en noviembre de 2024, la estrategia para conseguir los contratos del Tren Maya inició con su viaje a México en febrero de 2019, acompañado por el entonces ministro español de Transporte, José Luis Ábalos, y el asesor Koldo García. “Era un contrato muy importante y había muchas empresas españolas interesadas en entrar. Él (Koldo García) sabía de mis conocimientos y de mi llegada al gobierno de México y los contratos que tenía en México y me pide que le pueda echar una mano”, declaró Aldama ante la justicia española.
En el video de su testimonio, publicado por el medio El Español, Aldama señaló que Ábalos se reunió con Javier Jiménez Espriú y Ricardo Monreal. A partir de esos encuentros se establecieron nuevos vínculos institucionales, incluido un convenio de colaboración bilateral con la empresa estatal española INECO. Según Aldama, este acuerdo tenía como objetivo facilitar la participación de compañías españolas en licitaciones mexicanas y aumentar sus posibilidades de éxito.
INECO recibió el 18 de diciembre de 2020 un contrato por adjudicación directa para fungir como “operador sombra” del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) durante tres años, con tareas de supervisión técnica, definición de requerimientos de operación y labores de mantenimiento del Tren Maya.
En su declaración judicial, Aldama afirmó que las constructoras españolas entregaban “comisiones” por su intermediación en la obtención de los contratos, las cuales, dijo, eran repartidas entre él, Ábalos y Koldo García. En enero de 2025, Grupo Azvi solicitó al juez del caso ser reconocida como parte perjudicada en el procedimiento, negando la veracidad de los hechos relatados por Aldama y solicitando permiso para presentar una querella criminal en su contra, según informó el medio español El Periódico.
Los contratos en México comenzaron formalmente en 2019, año en que tuvo lugar la visita de la delegación española.
El primer contrato documentado fue por 1 mil 103 millones de pesos, para la corrección de curvaturas y rehabilitación de vías en el Istmo de Tehuantepec, según reportes de la Secretaría de Marina.
El segundo contrato fue para la construcción del Tramo 3 del Tren Maya y ascendió a 19 mil 503 millones de pesos, de acuerdo con una solicitud de información respondida por Fonatur-Tren Maya. El tercero fue la adquisición de material rodante, adjudicada en 2021 por 36 mil 563 millones de pesos, tras un proceso de licitación que duró seis meses.
En cuanto a los contratos del Trolebús elevado, estos comenzaron en octubre de 2020 con un contrato por 382 millones de pesos.
En 2023 se sumaron tres contratos más: el primero por 10 millones de pesos para obras complementarias; el segundo por 29 millones de pesos mediante adjudicación directa para trabajos electromecánicos; y el último, en octubre del mismo año, por 97 millones de pesos para la segunda etapa de la obra electromecánica.
La investigación judicial en España que dio origen al caso Koldo se inició en 2022, centrada inicialmente en contratos de adquisición de equipo médico durante la pandemia, adjudicados de forma directa a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. Las pesquisas se extendieron posteriormente a contratos de obra pública en México, vinculando a funcionarios, intermediarios y constructoras españolas. (Mas).
