“No podemos condenar a las mujeres al abandono, ni a que carezcan de los beneficios de programas que fueron diseñados para ellas y mucho menos de la protección que merecen”, advirtió el Partido Revolucionario Institucional al exhortar a las fracciones parlamentarias en el Senado y Congreso Federal a dictaminar las iniciativas ya presentadas para brindar protección a este sector.
El Presidente del CDE del PRI, Dagoberto Lara Sedas y la Secretaria General del partido, diputada Katia Ornelas Gil, acompañados del Delegado del CEN, Genaro Abreu Barroso, presentó en Tabasco el posicionamiento del Comité Ejecutivo Nacional sobre las iniciativas de reformas que han propuesto los priístas en beneficio de las mujeres.
En ese sentido, el líder del priísmo tabasqueño exhortó a que Morena en la Cámara de Diputados recapacite y devuelva los 2 mil millones de pesos que fueron recortados a programas destinados a la mujer para el ejercicio presupuestal 2021.
Además, se propone que se hagan las reformas necesarias para que se homologue el tipo penal de feminicidio para las 32 entidades del país y no prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, adolescentes y mujeres.
Las iniciativas que, tanto en el Senado cuanto en la Cámara de Diputados, fueron presentadas por los legisladores priístas y no han encontrado la resonancia entre los grupos parlamentarios para ser dictaminadas:
a) El 13 de noviembre del 2018, la senadora Claudia Anaya presentó ante la Comisión para la Igualdad de Género un Proyecto para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal. Establece el tipo penal de feminicidio dentro del Código Penal Federal, así como las razones de género en el Código y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
b) El 4 de diciembre del 2018, el senador Miguel Ángel Osorio presentó ante la misma comisión un Proyecto para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Establece el tipo penal de feminicidio y una pena de entre 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1,000 días multa. Impone también al servidor público que retarde o entorpezca la procuración o administración de justicia, de 3 a 8 años de prisión, inhabilitación o destitución y de 500 a 1,500 días multa.
En la Cámara de Diputados:
a) El 6 de febrero del 2019, la diputada Anilú Ingram presentó una iniciativa en la que se plasma la intención de que las entidades federativas homologuen el delito de feminicidio en sus diferentes ordenamientos en materia de protección de la mujer.
b) El 11 de febrero de 2020, la diputada del PRI, Norma Adela Guel, presentó una iniciativa para sancionar la tentativa del delito de feminicidio con pena de prisión.
c) Nuevamente la diputada Anilú Ingram presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Víctimas y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de garantizar los derechos de niñas y niños huérfanos a consecuencia de los feminicidios.
“Las mujeres mexicanas necesitan que esas propuestas salgan adelante”, expresó el presidente del CDE del PRI, Dagoberto Lara Sedas, al sumarse a la convocatoria del CEN a los senadores y diputados federales de las diversas fuerzas políticas a que se sumen a la propuesta y juntos “demos celeridad a su aprobación porque lo consideramos un asunto de máxima prioridad”.
A fin de reforzar sus acciones internas, tal como lo ha venido haciendo para dar espacios políticos a las mujeres impulsando reformas sin precedentes, el PRI anunció que todo candidato que represente al partido en procesos electorales deberá acreditar capacitación en materia de género. Esta medida se hará extensiva a dirigentes y personal de Comités Directivos nacional, estatales y municipales.
Asimismo, cualquier militante involucrado en violencia de género será puesto a disposición de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI para que su posición en el partido sea reconsiderada.
Estuvieron presentes en el auditorio “Luis Donaldo Colosio Murrieta” respaldando el posicionamiento, la Secretaria Adjunta a la Presidencia del CDE, Blanca Leyra Jiménez Mayo; la Secretaria de Operación Política, Elda María Llergo Asmitia; el Secretario de Acción Electoral, Marco Antonio Leyva Leyva; el Secretario Jurídico y Transparencia, José Chablé Alcocer; el Presidente de la Red de Jóvenes X México, José Agustín Rovirosa Gómez y el Subsecretario de Organización, Lorenzo Iduarte Aguilar.
