Los diputados federales de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de acción de inconstitucionalidad para solicitar la declaración de invalidez del decreto de la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidad Administrativa, por el atropello a principios y disposiciones constitucionales.
Los legisladores que integran las bancadas del PRI, PAN y PRD consideran que el Plan B de la Reforma Electoral viola el federalismo y la libertad hacendaria, al impedir que estados y municipios decidan sobre su presupuesto en la materia.
Además, advierten que falta a la equidad en procesos electorales, toda vez que permite a servidores públicos pronunciarse en favor de determinado candidato, y atenta contra la transparencia en la rendición de cuentas, toda vez que ahora los servidores públicos podrán presentar en el momento que decidan sus informes, incluido durante un proceso electoral.
El líder congresista del PRI, Rubén Moreira Valdez, afirmó que en dicha reforma se exhiben violaciones al proceso legislativo y no se respetan los principios democráticos que deben regir el debate parlamentario. Señaló que, durante el proceso legislativo para su aprobación, se impidió que las distintas fuerzas políticas estuvieran en posibilidad de analizar y debatir sobre la iniciativa con verdadero conocimiento de su contenido y alcance.
El legislador priista también refirió que es inconstitucional que se eliminen las restricciones a la difusión de propaganda por parte de los servidores públicos y al ejercicio del gasto público y difusión de contenidos gubernamentales.
“Hemos presentado esta acción de inconstitucionalidad porque en Acción Nacional y los partidos de la coalición Va por México estamos a favor de la defensa a nuestras instituciones democráticas que tantos años nos ha costado construir y en contra del autoritarismo del presidente y funcionarios de su partido que con sus intervenciones ilegales realizan actos simulados de comunicación”, señaló el coordinador panista Jorge Romero.
Luis E. Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática reiteró lo delicado que resulta para el país, el hecho de que el oficialismo violara el proceso legislativo, mediante una aprobación “fast track”, y con miras hacia una elección de Estado que puede derivar en un conflicto postelectoral.
Por la delicadeza del tema, hizo un llamado respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dé trámite a la mayor brevedad a estas acciones de inconstitucionalidad, toda vez que sería indispensable contar con el fallo antes de que inicie el proceso electoral 2024.
“Tendríamos de aquí al verano de este mismo año 2023 para que quede resuelto y garantizar un andamiaje jurídico e institucional acorde a los requerimientos de un proceso complejo como el que viene en 2024. Es decir, un fallo que garantice que contaremos con una elección equitativa, confiable y libre de dudas para las y los mexicanos”, advirtió.
