El Instituto Nacional de Migración (INM) asignó contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a una empresa sin perfil ni capacidad comprobada para instalar albergues y puntos de rescate migratorio en el país, según una investigación periodística.
De acuerdo con Animal Político, entre 2021 y 2025 el INM otorgó al menos diez contratos –nueve de ellos por adjudicación directa– a Grupo Caufi S.A. de C.V., una compañía creada en 2004 con un capital inicial de apenas 50 mil pesos y cuyo objeto social está enfocado en la organización de eventos, así como la venta de alimentos y artículos promocionales.
La investigación señala que, pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había advertido desde la Cuenta Pública 2022 irregularidades por más de 545 millones de pesos en pagos a esta empresa, las contrataciones no solo continuaron, sino que aumentaron en monto y frecuencia en los años posteriores.
Entre las principales anomalías detectadas se encuentra la falta de evidencia sobre la instalación real de los albergues.
Reporteros del medio realizaron recorridos en distintos puntos del país donde, según los contratos, debían operar estos espacios; sin embargo, no encontraron infraestructura, personal ni instalaciones que correspondieran a los servicios pagados.
Asimismo se documentó que el INM entregó información incompleta y testada en respuesta a solicitudes de transparencia, ocultando contratos por cerca de dos mil millones de pesos y reservando documentación clave, lo que impide rastrear el destino final de los recursos públicos.
Las facturas emitidas por Grupo Caufi presentan conceptos vagos como “instalación de albergues y puntos de rescate”, sin detallar costos unitarios ni los insumos utilizados. Además, varias de estas facturas fueron generadas el mismo día y con pocos minutos de diferencia, lo que refuerza las sospechas sobre la autenticidad de los servicios.
Otro de los hallazgos relevantes es que la empresa carecía de capacidad operativa: contaba con apenas entre 5 y 11 empleados registrados ante el IMSS y no tenía experiencia previa en proyectos de esta magnitud, lo que contrasta con los contratos millonarios recibidos.
La investigación también revela inconsistencias en los domicilios de la empresa, ya que en varios de ellos no fue posible localizar oficinas o instalaciones relacionadas con sus operaciones. Incluso, algunos inmuebles corresponden a viviendas particulares sin indicios de actividad empresarial.
En paralelo, se identificó una red de compañías vinculadas a los mismos socios de Grupo Caufi, constituidas entre 2023 y 2025, las cuales comparten administradores o accionistas, pero carecen de presencia pública o trayectoria verificable.
Pese a los señalamientos de la ASF –que incluso recomendó una revisión por parte del Servicio de Administración Tributaria ante posibles inconsistencias fiscales– el INM continuó otorgando contratos bajo el argumento de la urgencia por atender el flujo migratorio y posibles deportaciones masivas desde Estados Unidos.
Los contratos, además, fueron firmados en algunos casos después de haber iniciado su vigencia, y en otros no existe documentación que compruebe la ejecución de los servicios más allá de actas administrativas sin sustento técnico.
El reportaje también expone que funcionarios del área administrativa del INM estuvieron involucrados en la firma de estos contratos, algunos de ellos vinculados políticamente a figuras del ámbito federal, lo que podría apuntar a una red de responsabilidades aún no esclarecida.
Ante estos hechos, el INM informó que revisa las contrataciones realizadas en administraciones anteriores, mientras que ni la empresa ni su representante legal han respondido a las solicitudes de información.
El caso pone en entredicho los mecanismos de control y supervisión del gasto público en materia migratoria, así como la transparencia en el uso de recursos destinados a la atención de personas en contexto de movilidad, en un contexto donde la demanda de estos servicios continúa en aumento. (Mas).
