Sin embargo, Javier May Rodríguez, responsable del programa en el periodo de las anomalías, fue nombre titular de la Secretaría del Bienestar por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre.
En la auditoría 25/2019 realizada al programa entre enero y septiembre de 2019 se detectaron irregularidades como pagos sin evidencia documental, tarjetas bancarias no entregadas y reporte de gastos superiores al número de beneficiarios.
El proyecto entrega apoyos a campesinos de 20 estados para que siembren árboles frutales y maderables.
Entre las nueves observaciones del OIC, que con sello de recibido del 23 de enero de 2020 le fueron notificadas a May, se pidió aclarar el destino de 402 millones de pesos, pero hasta el 14 de octubre no se había resuelto.
La auditoría reveló que no existe evidencia de la forma de pago a los beneficiarios en febrero de 2019 a pesar de que el programa transfirió los recursos a Bansefi.
«Se realizó el pago, solicitado mediante oficio BIE/SSPEDR/0029/2019 de fecha 25 de enero de 2019, suscrito por el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, por un total de 296 millones 80 mil pesos a la institución Bansefi, sin acreditarse con evidencia documental el medio de pago en dicho mes, de los apoyos económicos a los Sujetos de Derecho», precisa el documento.
Para el mes siguiente, la auditoría detectó una diferencia de 17 mil 199 tarjetas entre las 249 mil 348 reportadas como emitidas y las 232 mil 149 entregadas. Al cotejar el padrón de beneficiarios de marzo a mayo, se precisó que el monto total a pagar era de 3 mil 81 millones 705 mil pesos, pero se reportó haber pagado 3 mil 187 millones.
«Se determinó una diferencia de más en tarjetas reportadas como pagadas, por un monto de 106 millones 95 mil pesos, y del padrón de sujetos de derecho reportado como pagado», indica el informe.
También se reportaron anomalías en el padrón de beneficiarios, como inconsistencias en altas y bajas, pagos en estados donde no se aplica el programa y falta de vigilancia en un contrato asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional para instalar viveros.
El Órgano Interno de Control de la Secretaría indicó que entre enero y septiembre de 2019 se realizaron dos adecuaciones presupuestarias por un total de 956 millones 307 mil 478 pesos de un contrato con la Sedena para la instalación de viveros de los que no se precisa su ubicación, producción de plantas maderables y frutales, asesoría técnica y apoyo directo.
«Sin embargo, no se proporcionó evidencia de las acciones de seguimiento y supervisión en la ejecución de las actividades y coordinación de la Sedena y la Secretaría para las supervisiones conjuntas a los viveros, así como de los acuerdos tomados que aclaren, reafirmen y reorienten las actividades comprometidas», indica la auditoría 25/2019.
También detectó que entre agosto y septiembre de 2019, Sembrando Vida firmó convenios de colaboración con los gobiernos de Tabasco, por 41 millones 912 mil pesos, y Veracruz, por 14 millones 868 mil, para la producción de viveros, pero no establecieron metas a cumplir ni un programa de revisión de los avances.
Además, señaló que tampoco hay documentación que confirme la entrega de 130 mil 300 bolsas para cultivo en vivero por parte de la empresa Promotora Agropecuaria Costas, Valles y Sierras, a la que se le otorgó el contrato 411.600.43101.038/2019 por 6 millones 499 mil 679 pesos.
Si bien la auditoría 25/2019 no había sido revelada hasta ahora, el 29 de septiembre pasado, ya como titular de Bienestar, May la confundió con una investigación de la Auditoría Superior de la Federación, y afirmó en el Senado que habían solventado todas las observaciones.
Sin embargo, el 14 de octubre pasado, el OIC envió el oficio 311/20/AAl-5285/2020 para indicar que, un año después, seguían sin solventar la mayor parte de las observaciones, como la entrega del padrón de beneficiarios de febrero, marzo, abril y mayo, la falta de acreditación documental de las entregas de apoyos en especie o la falta de acreditación documental del avance en el cumplimiento de los compromisos contraídos por la Sedena para la instalación de viveros.
En julio pasado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social acusó opacidad en el padrón de Sembrando Vida, falta de indicadores confiables, así como la falta de evidencia documental de dónde se resguardan los 500 pesos que mensualmente el Gobierno federal descuenta a cada uno de los beneficiarios. (Reforma).
