Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela un vínculo financiero entre Manuel Bartlett, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, a través de millonarios depósitos realizados a Julia Abdalá Lemus, pareja de Bartlett, por parte de la familia Weinberg, señalada como cómplice clave de García Luna en operaciones de corrupción y lavado de dinero.
Entre 2012 y 2017, Abdalá recibió 4.5 millones de dólares en cuentas personales y en una empresa offshore controlada por ella, procedentes de las mismas redes empresariales utilizadas para desviar recursos públicos durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene abierta una demanda civil en una corte de Florida para rastrear el origen y destino de esos fondos.
Los depósitos, equivalentes a 120 millones de pesos actuales, se realizaron entre julio de 2012 y mayo de 2017, periodo en el que Bartlett se desempeñaba como senador plurinominal del Partido del Trabajo y ya formaba parte del movimiento político encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Del total, 2 millones 642 mil dólares fueron depositados directamente en cuentas personales de Abdalá, mientras que 1 millón 890 mil dólares ingresaron a cuentas de Roybell International Inc, una empresa offshore panameña bajo su control.
Estas operaciones forman parte de una demanda civil presentada en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante una corte de Florida, con el propósito de recuperar recursos públicos que, de acuerdo con el gobierno federal, fueron desviados por García Luna mediante contratos millonarios otorgados a empresas del grupo Weinberg: Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc. y Nice Systems Ltd. Estas compañías recibieron más de 630 millones de dólares en contratos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) entre 2009 y 2018, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Según documentos judiciales consultados por MCCI, el 12 de junio de 2024 –diez días después de las elecciones presidenciales– la jueza Lisa Walsh solicitó a través de una carta rogatoria que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) obtuviera información sobre los movimientos financieros de Abdalá y otras personas relacionadas con el caso. La UIF presentó posteriormente una moción para obligar a los Weinberg a entregar documentos que justificaran el propósito de las transferencias a Abdalá y Roybell International Inc., así como cualquier comunicación relacionada con dichas operaciones.
Las transferencias personales a Abdalá, por un total de 2.6 millones de dólares, se realizaron desde cuentas de Nunvav Inc. en el Occidental Bank de Barbados hacia cuentas en Banco Inbursa y Caixa Galicia (hoy Abanca). Estos pagos iniciaron el 13 de julio de 2012 y continuaron hasta el 10 de mayo de 2017, periodo durante el cual las empresas del grupo Weinberg obtuvieron contratos millonarios del gobierno federal.
Además, entre mayo de 2013 y julio de 2014, la empresa Roybell International Inc., propiedad de Abdalá, recibió tres transferencias que sumaron 1.8 millones de dólares desde cuentas de Nunvav hacia el banco suizo Union Bancaire Privée.
Aunque en los expedientes judiciales no se menciona directamente a Abdalá como accionista, una investigación periodística previa, parte de los Pandora Papers, documentó que ella era dueña de 10 mil acciones al portador de dicha empresa offshore, sin oficinas ni empleados, y que en 2017 seguía controlando su operación.
MCCI también informó que en diciembre de 2017 se iniciaron trámites para abrir una cuenta a nombre de Roybell en el Lyford International Bank and Trust de Bahamas, misma que sería operada directamente por Abdalá.
Durante una comparecencia realizada el 12 de junio de 2024, Samuel Weinberg López reconoció su amistad con Bartlett y Abdalá desde hace más de 20 años. Sin embargo, durante ese interrogatorio no fue cuestionado sobre las transferencias realizadas a la pareja del exdirector de la CFE. Según revelaciones de la periodista Peniley Ramírez, los Weinberg operaron por años desde un departamento de Abdalá en Polanco, el cual también era la sede de una joyería de la que ella era socia junto a la esposa de Weinberg.
El 20 de agosto de 2024, los Weinberg afirmaron haber entregado a la UIF comunicaciones y documentos relacionados con las transferencias, aunque estos no han sido divulgados por estar bajo carácter confidencial. Hasta el momento, no se ha informado si la UIF ha presentado denuncias penales ante la Fiscalía General de la República en contra de Abdalá.
El caso García Luna-Weinberg ha expuesto una amplia red de corrupción que permitió desvíos multimillonarios desde dependencias federales hacia empresas fachada y paraísos fiscales. En este contexto, MCCI recordó que en 2020 documentó que una excolaboradora de García Luna fue apoderada legal de Nunvav Inc. y que desde esa posición tuvo facultades para operar en México y otros países.
Jonathan Alexis Weinberg Pinto, hijo de Samuel Weinberg, fue detenido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid y actualmente enfrenta un proceso de extradición a México por delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. (Mas/IA).
