El presunto desvío de recursos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), una entidad creada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha alcanzado los 17 mil millones de pesos, incluida la reciente detección de una nómina paralela de 400 personas que cobraban sin trabajar, de acuerdo con la información publicada por la agencia Animal Político.
Desde su creación, Segalmex ha estado bajo escrutinio. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó sobre anomalías en el gasto administrativo desde 2019, aunque en ese momento no tuvo acceso a la desagregación de los gastos. La auditoría de ese año mostró que Segalmex gastó 1,148 millones de pesos en operación de programas, un 14.2% del presupuesto, excediendo el límite del 5%.
Las irregularidades no estuvieron desagregadas debido a la autorización de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), entonces dirigida por Víctor Manuel Villalobos. La ASF había detectado hasta hace unos meses desvíos por más de 15 mil millones de pesos, principalmente durante la gestión de Ignacio Ovalle, quien actualmente dirige el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) han identificado varios esquemas de desvío, incluido uno en el que René Gavira Segreste, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, autorizó la colocación de bonos bursátiles por 950 millones de pesos. Las ganancias de estos bonos se transferían a Gavira, mientras que las pérdidas eran absorbidas por las empresas paraestatales. Gavira ha señalado a Ignacio Ovalle como quien le ordenó estas inversiones, aunque no presentó pruebas.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha recibido al menos 69 denuncias relacionadas con Segalmex, Diconsa y Liconsa, de las cuales 55 fueron presentadas por las propias entidades, 4 por la Procuraduría Fiscal, 9 por la Unidad de Inteligencia Financiera y una por la Secretaría de la Función Pública. Actualmente, 87 personas están bajo investigación, siendo el exdirector administrativo René Gavira el funcionario de mayor rango involucrado.
Además de las denuncias, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha ordenado fiscalizaciones sobre los recursos públicos de Segalmex, Diconsa y Liconsa correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, detectando posibles irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios, que podrían derivar en responsabilidades administrativas o penales.
La magnitud de los desvíos en Segalmex es considerable, siendo equivalente al presupuesto anual de siete hospitales que atienden a personas sin seguridad social, o tres veces el presupuesto destinado a la atención de víctimas para el pago de traslados y para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en un país con más de 100 mil personas desaparecidas.
En 2019, la Cámara de Diputados decidió aumentar el presupuesto de Segalmex a 8 mil 100 millones de pesos, aunque solo se había aprobado un presupuesto de 2 mil 100 millones. De este presupuesto, Segalmex entregó 3 mil 923 millones de pesos en subsidios para la compra de granos y 1,148 millones de pesos en gastos de operación, pero no logró comprobar en qué se gastaron 3 mil 27 millones de pesos. En 2020, la ASF nuevamente detectó presunta corrupción por 8 mil 638 millones en Segalmex, Diconsa y Liconsa, debido a irregularidades en contrataciones, comprobación de pagos, falta de mercancías y salidas de efectivo injustificadas.
Los hallazgos de estas auditorías se publicaron en febrero de 2022, un mes después de que el gobierno anunciara una investigación administrativa y la presentación de denuncias ante la FGR por posibles irregularidades cometidas por funcionarios, proveedores y prestadores de servicios.
Las investigaciones en curso buscan esclarecer estos desvíos y llevar a los responsables ante la justicia, en un esfuerzo por erradicar la corrupción en Segalmex y otras instituciones relacionadas.
- CASO SEGALMEX
- 17 mil millones de pesos en total de recursos observados por la Auditoría Superior de la Federación, incluyendo irregularidades recientes y previas.
- 69 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República.
- 87 personas denunciadas y actualmente bajo investigación.
- 3 mil 27 millones de pesos no comprobados del programa Precios de Garantía para Productos Alimentarios Básicos en 2019.
- 8 mil 638 millones de pesos por presunta corrupción detectada por la ASF en Segalmex, Diconsa y Liconsa en 2020.
- 950 mil pesos de recursos públicos colocados en bonos bursátiles.
Con información de Animal Político
