La denuncia de que “99 de cada 100 niños registrados en Chiapas no existen” forma parte de un presunto esquema de corrupción en el que se habrían expedido actas de nacimiento y matrimonios falsos para otorgar miles de residencias permanentes a personas migrantes, a través de una red que opera en diversos municipios del estado de Chiapas y en la que existiría contubernio de autoridades de los tres niveles de gobierno, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.
La acusación fue realizada por Luis García Villagrán, activista y director del Centro de Dignificación Humana, AC, quien señaló que este mercado negro de documentos oficiales se consolidó a partir de los cuellos de botella y la burocracia en las oficinas del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, situación que, afirmó, abrió espacio a una red transnacional vinculada al tráfico y la trata de personas, así como a la falsificación de documentos.
En entrevista, García Villagrán sostuvo que en municipios como Tapachula, Tuxtla Chico, Huixtla, Metapa, Frontera y Suchiate existen cientos de registros de supuestos niños nacidos de padres migrantes que aparecen en los libros oficiales, pero que en realidad no existen físicamente, y aseguró que en la Oficialía 1 de Tapachula, de cada cien registros de hijos de personas extranjeras, 99 serían inexistentes, aunque con esas actas se habrían tramitado residencias permanentes al amparo del vínculo familiar que contempla la ley.
El activista explicó que el mismo mecanismo se habría utilizado mediante actas de matrimonio apócrifas, en las que personas mexicanas habrían recibido pagos de entre 20 mil y 30 mil pesos para simular vínculos con personas extranjeras, documentos que, según indicó, debieron ser verificados por las autoridades migratorias sin que existan constancias de dichas revisiones en los sistemas oficiales.
El director del Centro de Dignificación Humana afirmó que las denuncias sobre esta red se realizaron desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que, lejos de una investigación efectiva, él y su organización han enfrentado persecución política, estigmatización y procesos judiciales, pese a haber presentado pruebas ante autoridades federales.
Indicó que existe al menos una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República en Tapachula relacionada con estos hechos, sin que se haya procesado a funcionarios involucrados. Añadió que el esquema salió a la luz tras detectarse actas irregulares en consulados de Estados Unidos, así como en otros países, y advirtió que el crimen organizado participa en la red, aprovechando la necesidad de personas migrantes que buscan regularizar su situación o avanzar hacia la frontera norte.
Finalmente, García Villagrán señaló que el caso ha sido llevado ante instancias internacionales y expresó su expectativa de que el tema sea retomado a nivel federal durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Mas).
