Testigo fiel
Por: Jesús Torres
Democracia bajo fuego
En México, la violencia política dejó de ser un fenómeno excepcional para convertirse en un patrón cotidiano.
Aunque no existe un reporte oficial que lo proclame con exactitud, los datos disponibles permiten afirmar que, en promedio, cada 24 horas un actor político es víctima de una agresión en el país.
La cifra surge del análisis más reciente de organizaciones especializadas como Integralia, ACLED y el Laboratorio Electoral, que registraron 253 incidentes de violencia política solo en el primer semestre de 2025.
Esto equivale a 1.4 ataques diarios, una frecuencia tan alarmante como normalizada.
La estadística, por sí sola, desnuda el deterioro: México vive un proceso electoral permanente donde la vida pública se disputa a balazos, amenazas y desapariciones. Más que una democracia en riesgo, parece una democracia sitiada.
La violencia política tiene nombre y territorio. De acuerdo con el análisis de International Crisis Group, los municipios, sobre todo los de menos de 100 mil habitantes, son hoy el epicentro de la disputa criminal.
No se trata únicamente de asesinatos o atentados: la violencia incluye amedrentamiento, cooptación, extorsión, presión electoral y control del territorio mediante redes criminales que buscan gobernar sin aparecer en boletas.
En esta ecuación, los alcaldes, candidatos locales y funcionarios municipales se han convertido en un blanco recurrente, pues representan el nivel de autoridad más vulnerable y más cercano a los intereses económicos que se disputan las organizaciones criminales.
Crisis Group advierte que hasta 30% de los municipios mexicanos sufren niveles “mortales” de violencia, y describe un panorama donde alcaldes y funcionarios gobiernan con miedo, sin policías locales efectivas y, en muchos casos, sin capacidad real para desafiar a grupos armados que ejercen mando de facto.
Los números de 2025 pintan un escenario desolador, 253 agresiones contra políticos en seis meses, 112 asesinatos, es decir, uno cada 1.6 días, 74 amenazas, 33 atentados con armas de fuego, 17 secuestros y 11 desapariciones.
La violencia no distingue partidos ni niveles de gobierno. La intención es clara: influir, someter o eliminar al adversario, ya sea político o criminal. El mapa de la violencia electoral coincide milimétricamente con el mapa del crimen organizado: Guerrero, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Estado de México y Zacatecas encabezan los registros.
Vamos, para algunos municipios, la elección no es entre partidos, sino entre grupos armados.
Expertos en seguridad coinciden en que la violencia política es solo la punta del iceberg de un fenómeno más profundo: la captura política del Estado local.
Crisis Group documenta cómo grupos delictivos han empezado a financiar campañas, imponer candidatos, forzar renuncias, controlar obras públicas, intervenir en nombramientos de seguridad, y exigir cuotas a alcaldes o cabildos
Estas prácticas han convertido a ciertos municipios en “feudos criminales”, donde el verdadero poder ya no reside en la autoridad electa, sino en la estructura armada que controla los flujos de dinero ilícito.
Mientras tanto, la respuesta institucional sigue atrapada entre la militarización y el abandono. La Guardia Nacional ha asumido funciones que antes correspondían a las policías locales, pero sin arraigo territorial ni capacidad de investigación. Las fiscalías, desbordadas o capturadas, rara vez resuelven los ataques.
¿Hacia dónde va país? Si México mantiene la tendencia registrada en los primeros seis meses de 2025, cerrará el año con más de 500 agresiones contra actores políticos, cifra inédita en su historia reciente. La violencia política ya no es un síntoma del crimen organizado: es una estrategia.
Hoy, ser político en México significa trabajar bajo amenaza constante. Y ser ciudadano significa elegir en un clima donde el miedo pesa tanto como el voto.
Mientras la violencia siga marcando la agenda pública, cada 24 horas no solo será agredido un político. Será herida, una vez más, la democracia entera.
