Testigo fiel
Por: Jesús Torres
De Coahuayana al zócalo
El coche bomba detonado en Coahuayana, Michoacán, el fin de semana no es un acto aislado de violencia criminal, es un símbolo inquietante de la transformación del narcotráfico en una variante de terrorismo en México.
Representa una escalada grave, con consecuencias profundas para la seguridad, el Estado de derecho y la ciudadanía.
El atentado, que aumentó el saldo a seis muertos, cuestiona directamente las promesas de la 4T en materia de seguridad que presumió Claudia Sheinbaum en el zócalo de la Ciudad de México con motivo de la llegada de Morena al poder hace 7 años, y revela a la vez la urgencia de replantear las estrategias para pacificar el país.
Si el gobierno no responde con determinación, coordinación, inteligencia, prevención social e institucionalidad real, se corre el riesgo de entrar en una espiral de violencia terrorista prolongada que nadie quiere ni nadie desea.
El probable acto de terrorismo, así clasificado ya por la Fiscalía General de la República (FGR) en su carpeta de investigación y atribuido al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) no es el primero en su tipo que ocurre en Michoacán, convertido en el epicentro del escándalo nacional e internacional por el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
El grupo delincuencial, que ha sentado sus reales en la tierra del aguacate ya ha cometido ataques con explosivos, drones y otros métodos en esa región, eso y con todo el uso de recursos y el despliegue de las fuerzas militares bajo el operativo Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
El uso de coche bomba implica un nivel de terror indiscriminado, con graves riesgos para civiles, policías y autoridades, y demuestra una capacidad operativa sofisticada por parte de los cárteles, calificados por el gobierno del presidente de EU, Donald Trump como ‘narcoterroristas.
Este tipo de ataques a una corporación policial y cuando Morena festejaba en el zócalo capitalino sus 7 años de transformación, pone en tela de juicio la capacidad del Estado para garantizar seguridad, mantener el orden y proteger a sus ciudadanos.
Refuerza además la percepción de impunidad y debilidad institucional, erosionando la confianza ciudadana en los cuerpos de seguridad.
Desde su arranque, la 4T prometió, entre otras cosas, recuperar la paz y la seguridad en México, combatir la corrupción y el narcotráfico, y brindar resultados visibles de “transformación” en materia social y de seguridad.
No obstante, pese a los discursos de pacificación, los cárteles han intensificado su violencia y sofisticado sus métodos. Esto sugiere que las políticas de seguridad hasta ahora no han logrado contener ni desarticular suficientemente a las organizaciones criminales más poderosas y con mayor presencia en el 75% del territorio nacional.
En otras palabras, este atentado y los que podrían seguir, opacan los logros anunciados por la 4T en materia de seguridad, y obligan a reevaluar críticamente si las estrategias aplicadas han sido las adecuadas.
En resumidas cuentas, el ataque en Coahuayana no es “una acción más de violencia del narco”, se inscribe en una estrategia deliberada de terror, intimidación y control, que puede marcar una nueva fase en la guerra del crimen organizado en México.
