La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró este martes que las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador a la prensa abonan a un “clima de descomposición” y violencia en un país que suma ocho periodistas asesinados en lo que va de año.
“En tres años, Artículo 19 ha contabilizado mil 945 ataques a la prensa por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como 30 asesinatos a periodistas y dos desapariciones. Y de diciembre de 2018 a 2021, desde la Presidencia, los ataques a periodistas aumentaron 85%”, inicia el informe sobre México, que está todavía pendiente de ser aprobado en la reunión de medio año del organismo, que inicia este martes.
La organización recordó que las principales asociaciones no gubernamentales del mundo coinciden en el grado de peligrosidad que existe en México para ejercer la profesión.
Además, precisó que todos los asesinatos de periodistas en 2022 se registraron en “zonas de la provincia mexicana”, y la mayoría contaban con antecedentes de amenazas y solicitudes de protección.
Según datos recabados por la ONG Artículo 19 y que cita el informe, López Obrador ha emitido mil 945 ataques a la prensa desde que inició su mandato en diciembre de 2018, periodo en el que al menos 30 periodistas fueron asesinados y dos están desaparecidos.
“Y de diciembre de 2018 a 2021, desde la Presidencia, los ataques a periodistas aumentaron 85%”, detalla el informe.
Debido a los ataques a la prensa y los profesionales asesinados, comunicadores de todo el país realizaron en los últimos meses protestas de diversa índole para exigir el esclarecimiento de los hechos, pero también el cese de las “expresiones de estigmatización” proferidas por la Presidencia.
Sin embargo, el mandatario, según la SIP, “ha minimizado esas exigencias”, insiste en que las cifras de la violencia en México han disminuido y asegura que los medios tratan de perjudicar su imagen con sus críticas.
Además, López Obrador ha acusado en varias ocasiones a los comunicadores de ser parte de una “conspiración empresarial para afectar a su gobierno”.
Muestra de lo anterior es el espacio en su conferencia de prensa diaria “¿Quién es quién en las mentiras”, donde critica a medios no afines y asegura que los medios lo atacan “con falsedades”.
La SIP relata que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al presidente de México que suprimiera dicha sección pero no lo ha hecho.
“En este entorno de descomposición es que se han registrado cientos de agresiones de delincuentes y miembros del crimen organizado, en busca de inhibir la labor informativa”, enlaza el informe.
«Presionado por la cantidad de periodistas asesinados en 2022, ofreció presentar un informe cada 15 días sobre las investigaciones, pero ha cumplido a medias», indica el reporte.
De acuerdo con la SIP, «desestimó también las críticas que ha recibido de organizaciones no gubernamentales multinacionales, del Congreso de Estados Unidos y del Parlamento Europeo, al que acusó de estar mal informado y, a sus legisladores, de ser ‘borregos’ de los poderes neoliberales mundiales».
Recordó que «investigaciones periodísticas sobre su familia y entorno cercano ha generado la furia de López Obrador. En noviembre de 2021, debido a un reportaje que ponía en sospecha negocios chocolateros de sus hijos al beneficiarse del programa oficial asistencialista Sembrado Vida, arremetió verbalmente contra la revista Proceso y la periodista Carmen Aristegui.
«Luego criticó al periodista Carlos Loret Mola que denunció en Latinus el conflicto de interés de uno de sus hijos y su nuera al recibir favores de un contratista de Pemex. El presidente hizo públicos los ingresos de Loret Mola, violando normativas bancarias».
Detalló que «representantes de los periódicos EL UNIVERSAL, Milenio, Radio Fórmula, entre otros, han sido amenazados cibernéticamente, de palabra y con armas de fuego, para que no reporten ciertos hechos o que los adecuen a los criterios de los jefes de plaza criminal».
La SIP recordó que el 8 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que “el Congreso deberá corregir las omisiones detectadas en la Ley General de Comunicación Social, que permiten el gasto discrecional de la publicidad gubernamental, para establecer criterios transparentes y claros sobre su otorgamiento».
La Cámara de Diputados, controlada por el partido oficialista Morena, “ha ignorado el tema y solo ha dicho que tiene una prórroga judicial para corregir la ley hasta el próximo 30 de abril”. (El Universal).
