La Cámara de Diputados eliminó la cláusula de retroactividad incluida en la reforma a la Ley de Amparo, lo que representa una victoria para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien logró frenar una disposición considerada inconstitucional incluso por miembros de su propio gabinete.
Con esta modificación, se revierte el intento del Senado por aplicar retroactivamente las nuevas disposiciones a juicios de amparo en curso, lo cual generó tensión dentro del oficialismo y reavivó la crítica de la oposición.
De acuerdo con el diario El País, la corrección fue confirmada por el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, quien reconoció que la Cámara Baja está “enmendando la plana” a los senadores tras el revuelo jurídico que provocó la inclusión del artículo transitorio.
La controversia se originó cuando, en la Cámara de Senadores, un grupo de legisladores introdujo a última hora un cambio que pretendía aplicar la reforma a los juicios en trámite, lo que vulneraba el artículo 14 constitucional. La intervención directa de Sheinbaum terminó por sellar el destino de dicha cláusula.
La presidenta dejó en claro que no permitiría que el Congreso avalara una disposición que pondría en duda la constitucionalidad de la reforma, cuyo objetivo central es destrabar hasta dos billones de pesos en créditos fiscales retenidos en tribunales. Esto ha sido una prioridad para el gobierno, que busca fortalecer la recaudación y garantizar la continuidad de sus programas sociales.
A pesar de que la mayoría morenista ha logrado mantener el control del proceso legislativo, la disputa interna evidenció fisuras en la coordinación oficialista. El asesor jurídico de la presidencia, Arturo Zaldívar, intentó una salida intermedia que permitiría aplicar las nuevas reglas solo a actos futuros dentro de juicios ya iniciados, pero esta propuesta fue finalmente descartada por los diputados.
En el Senado, el origen de la cláusula retroactiva se atribuyó inicialmente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, con respaldo de Zaldívar y de la consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy. No obstante, tanto el Poder Judicial como fuentes legislativas niegan que esta fuera una solicitud formal del máximo tribunal. El documento del ministro Aguilar al que tuvo acceso El País refleja profundas diferencias entre la posición judicial y lo que finalmente se aprobó en la Cámara Alta.
El episodio también sacudió a la oposición. El vicecoordinador del PAN en San Lázaro, Federico Döring, denunció que Morena había alterado los acuerdos parlamentarios al modificar el calendario de votación y foros de consulta. Mientras la oposición pedía más audiencias públicas para analizar el proyecto, Morena reprogramó los foros para mantener la votación del dictamen en la fecha establecida, desestimando la petición de ampliar el debate.
Aunque el retiro de la retroactividad representa un ajuste clave, legisladores como Döring han advertido que el resto de la iniciativa mantiene elementos preocupantes, como la limitación de suspensiones en asuntos fiscales y la redefinición del interés legítimo, aspectos esenciales en la defensa de derechos por parte de ciudadanos y organizaciones civiles. Con esta corrección, la reforma a la Ley de Amparo evita un posible conflicto constitucional que habría podido entorpecer uno de los ejes financieros del proyecto político de Sheinbaum. La presidenta mantiene así el control sobre una legislación estratégica que busca recuperar recursos fiscales atrapados en litigios, en un momento clave para consolidar sus programas sociales sin recurrir al endeudamiento o a nuevos impuestos. (Mas).
