Luego de que seis de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaran una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que otorga mayores atribuciones a Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del organismo electoral, el instituto aprobó la solicitud para que la Secretaría Ejecutiva promueva una demanda para impugnar dicha reforma.
El proyecto fue aprobado por seis votos a favor y cinco en contra, en una sesión marcada por reclamos entre consejeros.
Taddei Zavala rechazó que las facultades del Consejo General estén siendo socavadas y acusó a las seis consejerías que impulsaron la propuesta de estar propiciando tiempos peores para el instituto.
“Imponer una visión unipersonal sustituye el diálogo para imponer una visión única que pondría en riesgo la pluralidad, independientemente de la persona que ejerza esas atribuciones; además, se rompe el blindaje ante la influencia a intereses políticos externos al instituto, cosa que sí se garantizaba con una decisión colegiada”.
De acuerdo con la orden del día de la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, programada para este miércoles 30 de octubre de 2024 a las 13:00 horas, los consejeros solicitaron someter a discusión la presentación de la controversia mediante la Secretaría Ejecutiva del instituto.
“Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se instruye a la Secretaría Ejecutiva interponer una Controversia Constitucional en contra de la reforma a los artículos 45, párrafo 1, incisos e) y p) y 48, párrafo 1, inciso b) del ‘Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación'», se lee en el punto número 16 del orden.
Las consejeras y consejeros Claudia Zavala, Carla Humphrey, Dania Ravel, Martín Faz, Arturo Castillo y Jaime Rivera, pertenecientes al bloque opuesto a Guadalupe Taddei, solicitaron que se incluya en la sesión extraordinaria de este miércoles un acuerdo para interponer un recurso contra la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta reforma introduce cambios en el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, y también amplía las facultades de la consejera presidenta.
Entre las modificaciones aprobadas, se le confieren a la presidencia del INE atribuciones unipersonales para nombrar a las Direcciones Ejecutivas y a los integrantes de la Junta General Ejecutiva, los cuales hasta ahora habían sido designados por encargados de despacho debido a la falta de consenso entre los consejeros afines a Taddei y el bloque opositor que ahora busca presentar la controversia.
Con esta reforma, Taddei ya no requerirá el consenso de los demás consejeros para llevar a cabo estos nombramientos. Además, se pretende otorgar a la Junta General Ejecutiva competencias que antes eran exclusivas del Consejo General y de las consejerías para la organización de elecciones.
En respuesta a la intención de los seis consejeros de presentar un recurso, el equipo de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, afirmó que la reforma no afecta la integridad de los procesos electorales ni la equidad en la contienda política. Enfatizaron que su objetivo es dotar al INE de mayores facultades para operar de manera más ágil y eficiente.
El equipo de Taddei criticó a los consejeros disidentes, argumentando que su visión sobre la voluntad popular es errónea. Señalaron que «quienes promueven este proyecto, en realidad, no consideran que las personas legisladoras puedan votar de manera informada y soslayan el mecanismo parlamentario, expresión indirecta de la voluntad popular, como el camino para mejorar a las instituciones”.
Además, sostuvieron que “la autonomía del INE y los principios que alegan defender están mejor salvaguardados si el INE deja de ser una institución anquilosada al servicio de unos cuantos grupos de presión y aherrojado por la parálisis facciosa y partidista”.
Asimismo, consideraron engañoso afirmar que es esencial que el INE interponga una controversia constitucional en contra del decreto, como propone el proyecto de acuerdo. Aseguraron que las modificaciones buscan «una eficiencia administrativa y una toma de decisiones rápida, acorde a los desafíos del INE”. (La Silla Rota).
