La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las medidas adoptadas por el gobierno de Venezuela dirigidas a impedir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa en el marco de la elección de la Asamblea Constituyente.
En un comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH hizo un llamado urgente al Estado venezolano a dejar sin efecto estas medidas y a ajustar su actuación a los estándares internacionales de derechos humanos.
Condenó además las medidas adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro para prohibir el ejercicio del derecho a manifestarse y a la reunión pacífica.
Un proceso electoral, cuya suspensión ha sido solicitada por millones de venezolanos, partidos de oposición, asociaciones ciudadanas y académicas, así como por países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), no puede llevarse adelante bajo las restricciones citadas, apuntó la relatoría.
Destacó que el pasado viernes, las autoridades migratorias de Venezuela habrían denegado la entrada al país del periodista de investigación argentino, Jorge Lanata, por no contar con una visa de periodista. Además de que el comunicador fue interrogado por oficiales del ejército y funcionarios de inteligencia.
El incidente tuvo lugar luego de que los reporteros portugueses Luis Garriapa y Odacir Junior, de la Sociedade Independente de Comunicação (SIC), fueron declarados inadmisibles en territorio venezolano por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).
Asimismo, el pasado 26 de julio, la embajada de Venezuela en México denegó la acreditación y visado para trabajar en el país sudamerciano a los periodistas mexicanos Lourdes Murguía y Antonio Mandujano, del canal Imagen Televisión.
Estos hechos se suman a los casos de al menos seis periodistas extranjeros expulsados de Venezuela en 2017.
Asimismo, el jueves pasado se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela habría denegado credenciales a organizaciones de prensa de relevancia local como el Correo del Caroní y El Pitazo.
La relatoría también denunció la decisión del gobierno de prohibir en todo el país “las manifestaciones y reuniones públicas, concentraciones de personas o cualquier acto similar que puedan perturbar el normal desarrollo del proceso electoral”.
Estas medidas fueron anunciadas luego de cuatro meses de protesta en Venezuela, en las que se han registrado al menos 113 personas fallecidas, así como detenciones masivas y aperturas de juicios en la jurisdicción penal militar en contra de manifestantes y líderes políticos y sociales.
La Relatoría Especial recordó que, en la democracia, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público.
Asimismo, la Relatoría Especial renovó su rechazo a la violencia en el contexto de protestas e hizo un llamado al Estado venezolano a garantizar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. (Notimex)
