Una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, debido a las afectaciones que van sobre los 12 millones 826 mil 243 pesos, fue presentada por Caminos y Puentes Federales (Capufe) ante la supuesta liberación del pago de peaje del Puente Zacatal; la dependencia reveló que de octubre a diciembre del 2022, tuvo pérdidas económicas.
Lo anterior se basa en la respuesta de la Plataforma Nacional de Transparencia con número 330003323000065, correspondiente al oficio UT.-0294/2023, donde especifican que esos montos obedecen al paso de vehículos que no pagaron la caseta.
La dependencia también dio a conocer que presentó una denuncia ante la FGR con sede en Campeche, en contra de la gobernadora por las afectaciones que les ha ocasionado, a la que se le asignó el número FED/CAMP/CCAR/0000378/2022.
“Que hayan cruzado por la plaza de cobro 164, Puente Zacatal, tras la orden que emitiera la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, el 15 de octubre de 2022”, dice parte de la respuesta que emitió Capufe.
De acuerdo al documento, desde que Layda, violando la ley, levantó las plumas del viaducto anunciando la presunta liberación del pago de peaje, lo cual comprende del 15 de octubre al 31 de diciembre del año pasado, Capufe registró por esta acción pérdidas superiores a los 12 millones de pesos.
El documento, fechado el 2 de marzo del año en curso, menciona que en este mismo lapso habrían cruzado sin pagar el derecho de peaje cerca de 143 mil 231 vehículos, todos con placas del Estado de Campeche.
Igual menciona que, en relación a la situación procesal del amparo indirecto 1184/2022 presentando por Capufe el 20 de octubre del 2022 ante el Juzgado Segundo de Distrito, contra las acciones de la gobernadora Sansores San Román, la dependencia informó que el proceso se encuentra en trámite.
Aunque Capufe no lo dice en su respuesta, primero el juez de Distrito desechó el amparo, pero la responsable del Puente Zacatal pidió la revisión ante un Colegiado Unitario de Circuito, el cual aparentemente no se ha pronunciado al respecto.
En parte de la síntesis se indicó que, “teniéndose que en fecha 18 de octubre del año 2022 se recibió la notificación por amparo directo en la línea del Poder Judicial de la Federación, solicitaron por parte quejosa, una prevención de tres días siguientes de aquel en que sea legalmente notificado dicho acuerdo”.
Aunque algunos abogados consideraron un acto ilegal lo que hizo Layda Sansores en la mencionada caseta, ella expresó: “Este acto hace cumplir con la ley, es inconstitucional poner una caseta de cobro cuando no hay caminos alternativos”.
Y sermoneando, agregó que si los habitantes de la Península de Atasta pudieran pasar por otra zona, estaríamos de acuerdo, pero no es así, lo que estamos haciendo es lo correcto, es lo legal. (Tribuna).
