A pesar de las pruebas que existen de la descomposición de la seguridad pública en amplias zonas del país, las Fuerzas Armadas presumen que gracias a su presencia en las calles disminuyeron delitos como el homicidio doloso, feminicidio, secuestro, robo total, y que mejoró la percepción pública respecto del Ejército y Marina.
El Primer Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública fue aprobado este jueves 14 de diciembre por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, luego de que el Senado hiciera lo propio el pasado 28 de noviembre.
Para los militares, la inseguridad y violencia se hallan contenidas: “La participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública ha sido fundamental para contener la inseguridad y violencia”, junto con las autoridades civiles, conceden.
El documento, que comprende el periodo que va del 19 de noviembre de 2022 al 19 de mayo de 2023, considera que la intervención militar en las tareas de seguridad “forma parte de una estrategia que permitió transitar de un modelo de seguridad basado en la confrontación, a uno que atiende de raíz las causas que ocasionan la violencia y la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno en la construcción de la paz”.
También indica que “este esfuerzo institucional es reconocido por la población que evalúa de manera positiva el desempeño de la Fuerza Armada Permanente, además de identificarla como la autoridad más confiable en el país, tal como se reporta en los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, publicada el 19 de abril de 2023”.
El triunfalismo del reporte contrasta con los serios déficits de las corporaciones castrenses en materia de derechos humanos señalados por organizaciones nacionales e internacionales, como en el espionaje ilegal a periodistas y activistas a través del software Pegasus.
También sobresalen detenciones arbitrarias y tratos inhumanos de la Guardia Nacional (GN), dominada por militares, como lo corroboran las 992 quejas por violaciones a derechos humanos en sus primeros 36 meses de vida, según los informes anuales de la corporación y los reportes del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos (SNAVIDH), como lo publicó EMEEQUIS en mayo de 2022.
El reporte de los militares al Congreso elude la admisión de la persistencia de zonas fuera del control del Estado mexicano, como las regiones de Tierra Caliente en Guerrero y Michoacán; el estado de México, donde todo un poblado enfrentó recientemente, con resultados fatales, al grupo delictivo de la Familia Michoacana y se han formado guardias civiles en municipios como Ecatepec; regiones de Sonora como Caborca, Sonora, donde han asesinado jefes policíacos encargados de seguridad pública, por mencionar algunos.
No incluye datos que pudieran haber alertado sobre municipios donde el secuestro se ha ensañado contra jóvenes y adolescentes Jalisco, Zacatecas, Sinaloa, Estado de México, Guanajuato, o sobre la población en general, como en Veracruz.
80 MIL MILITARES EN LAS CALLES
Hasta mayo de este año, las Fuerzas Armadas mantenían desplegadas en el país 79 mil 399 efectivos con fines de seguridad pública, 20 mil 182 de la Marina Armada de México y 59 mil 217 del Ejército Mexicano, de acuerdo con el informe.
El documento explica que “el despliegue y operación del Ejército, obedece a las necesidades en cuanto a la extensión territorial, división política y la situación interna del país; la cual permite hacer presencia en casi todo el territorio nacional y de esta forma colaborar con la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública”, y precisa que “por lo que respecta a la infraestructura estratégica del país en el 2023, se mantiene un despliegue de mil 590 efectivos en 83 instalaciones, de las paraestatales siguientes: Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y Casa de Moneda”.
También señala que mantienen desplegados a mil 534 elementos en la seguridad y vigilancia de 12 ductos de PEMEX.
En cuanto su interacción con autoridades civiles, indica que “el Ejército Mexicano ha implementado diversos mecanismos de seguridad en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, orientados a disminuir los homicidios vinculados a la delincuencia organizada, creando la Fuerza de Tarea Conjunta ‘México’ con mil 750 elementos y 12 Fuerzas de Tarea Regional en cada una de las 12 Regiones Militares, integradas con 300 elementos cada una”.
Señala que por instrucciones presidenciales, han focalizado su atención “en 9 estados de atención prioritaria sin dejar de prestar apoyo a otras entidades en donde se registra presencia de organizaciones delictivas. Estos estados prioritarios aportan el 70% de homicidios vinculados a la delincuencia organizada a nivel nacional, índice que la Fuerza Armada Permanente emplea para prestar el apoyo y reorientar los esfuerzos en los estados de Guanajuato, Baja California, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Sonora, Zacatecas y Quintana Roo”.
En cuanto al personal de la Armada de México asignado a tareas de seguridad pública, “abarca 21 entidades federativas (los 17 Estados Costeros, Estado de México, Puebla, Morelos y Ciudad de México) y 38 municipios. Al 19 de mayo de 2023 el estado de fuerza destinado a estas labores fue de 20 mil 182 elementos, de los cuales 3 mil 480 están comisionados a dependencias de seguridad pública; los 16 mil 702 son elementos de los Batallones, Compañías Independientes, Unidades Navales de Protección Portuaria que realizan y coadyuvan en actividades de Seguridad Pública”.
Además, Semar cuenta con 45 batallones y tres compañías independientes, con un total de 13 mil 50 elementos de Infantería de Marina y presencia en los 17 estados costeros y cuatro entidades federativas del interior de la República. Adicionalmente, existen 57 estaciones navales para incrementar la presencia a lo largo de los litorales, y en la Ciudad de México.
De acuerdo con el reporte, “la Armada de México coadyuva en el área de su responsabilidad con la vigilancia de 130 instalaciones clasificadas dentro del Catálogo Nacional de Instalaciones Estratégicas, las cuales se encuentran conformadas por 114 de Petróleos Mexicanos, PEMEX (36 de PEMEX-Logística, ocho de PEMEX Transformación Industrial, 69 de PEMEX Exploración y cuatro Refinerías); 11 de Comisión Federal de Electricidad, CFE (siete termoeléctricas, tres hidroeléctricas y una nucleoeléctrica), dos de la Compañía Nitrógeno de Cantarell (en Astata, Campeche) y tres inmuebles del Banco de México, BANXICO (dos en Ciudad de México y una en Veracruz); dentro de los 20 mil 182 elementos considerados para Seguridad Pública se cuenta con un total de 2 mil 134 destinados a la vigilancia de estas instalaciones”.
INSEGURIDAD Y VIOLENCIA, BAJO “CONTENCIÓN”: MILITARES
El documento, que con las Fuerzas Armadas es rubricado también por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presume: “La participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública ha sido fundamental para contener la inseguridad y violencia que se registra en algunas zonas del país, al coadyuvar en la labor que realiza la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales para reducir la incidencia delictiva, sobre todo de los ilícitos que más impactan a la sociedad, como el homicidio doloso, feminicidio, secuestro y robo total, que presentaron una tendencia a la baja en abril de 2023”.
Precisa que los delitos del fuero federal “presentaron una disminución del 28.9% en abril de 2023 en comparación con diciembre de 2018”.
Indica que la mayoría de los delitos del fuero común presentan una tendencia a la baja: “En abril de 2023, el homicidio doloso, el feminicidio y el secuestro registraron reducciones significativas en comparación con las cifras que se tenían al inicio de la presente administración”.
Según sus cuentas, en abril de 2023 se registraron 72 víctimas de secuestro, cifra 61% más baja que la presentada en enero de 2019 de 185 víctimas”, el delito de robo “también ha descendido”, pues “en abril de 2023 disminuyó 29.2% en comparación con diciembre de 2018”.
Establecen que “este delito presentó en abril de 2023 su mínimo histórico registrado hasta el momento con 7 mil 173 unidades robadas, lo que representa una reducción de 50.2% con relación a diciembre de 2018, mes en el que se robaron 14 mil 405 unidades”.
SE PERCIBE MENOR INSEGURIDAD POR FUERZAS ARMADAS
Los militares consideran que “estos resultados han sido posibles gracias al trabajo conjunto de la Fuerza Armada Permanente, la Coordinación Nacional Antisecuestro y las autoridades de seguridad pública en estados y municipios”.
También indican que dieron “apoyo a las autoridades (civiles) para materializar mil 596 órdenes técnicas de investigación” durante el periodo reportado.
En ese mismo lapso, “la Fuerza Armada Permanente ha recibido 231 agresiones, resultando 140 personas agresoras fallecidas contra 197 personas agresoras heridas y detenidas, teniendo como Índice de Letalidad de -57, siendo esto favorable para la Fuerza Armada Permanente desplegada en apoyo a las autoridades de seguridad pública”.
El informe presentado por los militares al Congreso de la Unión exalta los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en septiembre de 2022, según la cual se “identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza inspira a la población con el 89.6%, seguida por el Ejército Mexicano con el 87.1%”.
Además, refiere que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, (ENSU), elaborada también por el INEGI, da cuenta de que la percepción sobre la inseguridad descendió a 62.1%, su nivel más bajo desde que se tiene registro. “Esto significa una mejora de 11.6 puntos porcentuales en este indicador con relación a diciembre de 2018”.
OMISIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS
El informe soslaya la descomposición que ya se advertía por entonces en regiones la Tierra Caliente en Guerrero y Michoacán, donde el crimen tiene secuestrada a la economía; y muy próxima a esa zona, Texcaltitlán, estado de México, donde todo un poblado enfrentó recientemente, con resultados fatales, al grupo delictivo de la Familia Michoacana; Zacatecas, estado donde el dominio del crimen aterroriza distinto municipios; regiones de Sonora como Caborca, Sonora, donde han asesinado jefes policíacos encargados de seguridad pública.
Omite datos que pudieran haber alertado sobre municipios donde el secuestro se ha ensañado contra jóvenes y adolescentes como Lagos de Moreno (Jalisco), Malpaso (Zacatecas), Culiacán (Sinaloa), Ocuilan (Estado de México), o Celaya (Guanajuato), por mencionar algunos.
Menos alude el citado documento al espionaje practicado por el Ejército contra periodistas y defensores de derechos humanos, a pesar de que al cierre del periodo que reporta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a redoblar esfuerzos en las investigaciones sobre “el uso ilegítimo del software de vigilancia Pegasus”.
Sobre ese caso, la CIDH informó que junto con su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), “han conocido múltiples casos de espionaje a través de Pegasus en México”.
Detalló, el 2 de junio pasado, que “una investigación de Citizen Lab (Universidad de Toronto) de abril de 2023 reveló que autoridades de la Secretaría Nacional de Defensa (SEDENA) habrían utilizado Pegasus para espiar ilegalmente a dos integrantes de la organización ‘Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez’ (Centro Prodh) entre junio y septiembre de 2022, lo cual podría estar vinculado con sus labores de defensa de graves violaciones a derechos humanos. Asimismo, de acuerdo con información pública, el uso del software de vigilancia ha alcanzado a autoridades de alto nivel, como el Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, hecho que incluso fue lamentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La lista de personas presuntamente afectadas por Pegasus en los últimos años incluye, entre otras, a periodistas, personas defensoras, un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa. Por su parte, el Estado mexicano transmitió a la CIDH declaraciones del Presidente de la República del 30 de mayo de 2023 en las que indicó que no se realiza espionaje contra ninguna persona, ciudadanos, periodistas ni servidores públicos”.
En cuanto a la Guardia Nacional (GN), el informe de la s fuerzas armadas al Poder Legislativo elude detalles como el hecho de que dicha corporación, compuesta por militares en su mayor proporción, acumulaba en sus primeros 36 meses de existencia un total de 11 expedientes por homicidio y 992 quejas por violaciones a derechos humanos, según los informes anuales de la corporación y los reportes del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos (SNAVIDH).
De acuerdo con un desglose publicado por EMEEQUIS de los datos del SNAVIDH, entre las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de junio de 2019 a abril de 2022, destacan 200 que denuncian detención arbitraria; 117 reportan trato cruel, inhumano o degradante; 75, intimidación; 27 son por tortura, siete por desaparición forzada y 10 por homicidio.
El Ejército y la Marina insisten, en cambio, en las horas y horas de capacitaciones en materia de derechos humanos a sus elementos, información según la cual Sedena ha capacitado a 68 mil 912 elementos en el periodo entre generales, jefes, oficiales y tropa, y la Marina a 9 mil 149.
Y sobre todo insisten en que según la ENSU, la percepción sobre inseguridad descendió 62.1%.
El Congreso ha pedido a las instituciones castrenses que en sus próximos informes se base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a los gobernadores, que indiquen anualmente las zonas donde los militares ya pueden retirarse. (Especial de EMEEQUIS).
