Las fuerzas de seguridad de Venezuela buscaban el miércoles al policía que comandó en la víspera un ataque a la Corte Suprema y un ministerio desde un helicóptero robado, pero muchos venezolanos miraban con escepticismo la versión oficial.
El martes, minutos antes del atardecer, un efectivo de la policía científica (CICPC) robó un helicóptero de una base aérea en Caracas y, con una bandera que decía «libertad», sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior a los que disparó y lanzó granadas, sin dejar víctimas.
Maduro calificó el hecho como un «ataque terrorista» y dijo que estaban en busca de la aeronave y del piloto, conocido por protagonizar y coproducir una película de acción local.
«Un señor se declara guerrero de Dios, secuestra un helicóptero, dispara, lanza cuatro granadas y huye. Eso en cualquier lugar del mundo es una acto de terrorismo», dijo el miércoles el canciller, Samuel Moncada, ante periodistas.
Pero en las calles de Caracas, algunos creían que el propio Gobierno escenificó el acto para desviar la atención sobre dos sentencias que debilitan competencias de la Fiscalía, cuya jefa ha criticado al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y presentado recursos legales para revertir algunas medidas desde hace tres meses cuando empezó la ola de protestas en su contra.
«Parece una cosa de película», dijo el miércoles el presidente de la Asamblea Nacional y líder opositor Julio Borges.
«Hay gente que dice que es un peine (trampa), hay gente que dice que es una cuestión real, hay gente que dice que son efectivos policiales que realmente están hartos», agregó.
La máxima corte del país emitió dos sentencias justo cuando el helicóptero sobrevolaba el centro de Caracas. En ellas, le da facultades exclusivas del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo -un organismo para garantizar el respeto a los derechos humanos-, permitiéndole participar en investigaciones penales.
«Tras esa fachada lo que se esconde es un claro propósito: hacer de la Defensoría del Pueblo, una especie de Fiscalía paralela. Con ello se permitirá tener ‘versiones alternativas’ a las conclusiones a las que llegue la Fiscalía», opinó el abogado y profesor universitario José Ignacio Hernández.
Además, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la designación del vicefiscal y dijo que será su Sala Constitucional la que designará al nuevo. Con ello, dijeron analistas, se estaría allanando el camino para remover a la fiscal general, Luisa Ortega, y reemplazarla por alguien alineado con el Gobierno.
Algunos creen que el episodio del helicóptero podría llevar al Gobierno a justificar la aplicación de un «estado de excepción» para tratar de acallar las protestas que han dejado al menos 75 fallecidos, algunos de ellos jóvenes manifestantes que han muerto por balas de las fuerzas de seguridad.
«No tiene sentido. Esto es un chiste ¿A cuántas personas no han detenido por levantar una bandera? ¿Un tipo que se lleva un helicóptero y no lo matan? Eso suena más a táctica del Gobierno que a alguna otra cosa», opinó Gary Guillén, un joven que esperaba el autobús en Caracas para ir a trabajar. (Reuters).
