Mediante un comunicado la IBA mencionó que “el 18 de abril, la Suprema Corte de Justicia de México determinó que la reforma promovida por el presidente López Obrador de transferir el control de la Guardia Nacional dirigida por civiles a la Defensa Nacional era inconstitucional. En un comentario sobre la decisión judicial pronunciado al día siguiente, el presidente López Obrador atacó a la Suprema Corte del país y afirmó que los ocho (de los 11) jueces que habían derogado la legislación actuaron «de forma facciosa, siguiendo criterios no legales sino políticos, defendiendo las viejas prácticas del régimen autoritario y corrupto”.
Abundó que estas acusaciones se encuadran en un contexto más amplio de críticas del presidente López Obrador sobre la integridad del poder judicial, apuntando especialmente a la Suprema Corte del país.
Asimismo, las reformas propuestas detenidas por la Suprema Corte también son causa de inquietud para la IBA.
“Parecen avanzar en dirección de desmantelar algunos de los controles que son clave para garantizar que el ejecutivo no actúe fuera de sus límites constitucionales. La reforma que se intentó promulgar sobre el INE, una de las instituciones más respetadas del país, reduciría su presupuesto de tal forma que debilitaría significativamente su capacidad de organizar y supervisar las elecciones. De esta forma, se limitaría la autoridad de supervisión del Instituto”.
Señala que la mayor autoridad que el presidente López Obrador pretende otorgar al Ejército es igualmente una problemática.
“Presenta el riesgo de crear distorsiones en los límites entre la esfera civil y militar al evitar los controles estándar sobre las nuevas actividades a desarrollar por el ejército. Estas reformas, de ser aprobadas, sumadas a otras maniobras para centralizar el poder y militarizar el país, determinarían una caída de la democracia en México”.
Se menciona que estas declaraciones ofensivas del presidente López Obrador contra la Suprema Corte adquieren una mayor importancia, ya que debilitan la confianza pública en el poder judicial constituyendo un agravio al estado de derecho, y afectanso la democracia de México.
“Constituyen una violación de los principios y normas del derecho internacional. El Principio 1 de los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura establece claramente que «es el deber de todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetar y observar la independencia de la judicatura» a fin de «decidir los casos que se les presenten […] de acuerdo con los hechos y conforme a la ley, sin ninguna restricción, influencia inapropiada, incentivos, presiones, amenazas ni interferencias, directas o indirectas, de ningún sector ni por ningún motivo». El Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana establece que los «[e]lementos esenciales de la democracia representativa incluyen, entre otros, el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, […] y la separación de poderes y la independencia de las ramas del gobierno». Sobre el mismo concepto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aclarado en varios casos que «uno de los objetivos principales de la separación de los poderes públicos es garantizar la independencia de los jueces»”.
Se señala que la fortaleza de las instituciones públicas fuertes es uno de los pilares sobre los que se construye una democracia madura.
Se menciona que contar con un poder judicial sólido, independiente y respetado conviene a los intereses del presidente López Obrador, “ya que legitima su acción política”.
“El poder judicial, al ser un protector del orden constitucional, ciertamente puede bloquear las reformas contrarias al ordenamiento jurídico, como las relacionadas con el INE y la Guardia Nacional. De otro lado, cuando los tribunales apoyan las políticas del gobierno, les otorgan una autoridad aún mayor. Continuar por la ruta de la debilitación institucional conducirá a una crisis constitucional que pondrá en peligro el estado de derecho en el país y amenazará los derechos por los que la ciudadanía mexicana ha luchado tanto”.
Señala que un poder judicial independiente es la base de cualquier democracia moderna y de un sistema saludable de estado de derecho.
“Preservar la confianza pública en las instituciones judiciales es esencial para que puedan cumplir su deber de respetar la ley y proteger los derechos de los ciudadanos. Las acusaciones del presidente de México no solo afectan directamente el respeto por el poder judicial, sino que también intimidan a los jueces y les impiden que desempeñen sus funciones de forma independiente. Crean un clima de miedo que tiene un efecto paralizador sobre la capacidad de los jueces de limitar los abusos de poder del ejecutivo. Si existieran acusaciones fundadas de conducta inapropiada y corrupción, deben seguirse las rutas legales institucionales de responsabilidad, en lugar de formular acusaciones directas no fundamentadas en la esfera pública”.
Finalmente, la IBA reclama al presidente López Obrador que respete la independencia y la integridad del poder judicial conforme al estado de derecho y las obligaciones internacionales de México; además, solicita que trabaje con el poder judicial y la profesión legal para abordar cualesquiera las inquietudes sobre su funcionamiento con el objetivo de fortalecer las instituciones democráticas y el estado de derecho en el país. (El Universal).
