“Estoy convencido de que todos esos temas, todas esas cifras no son más que distractores; lo que en el fondo Morena quiere es el control del INE, el control de las elecciones. Eso es lo que están buscando: esto es la Ley Maduro, nos quieren enredar en una discusión técnica sobre distintos aspectos, pero en el fondo lo que Morena quiere es control para consolidar un régimen de corte autoritario”.
Negó la autenticidad de los foros abiertos para discutir las reformas de Morena, ya que, a partir de la representación, “y que a partir de órdenes de aprehensión obtuvieron la mayoría calificada en el Senado de la República, Morena tiene el control absoluto del legislativo”.
“Todos esos foros que organizan no son más que distractores”, afirmó frente a medios de comunicación. También afirmó que el PAN lleva “años” argumentando que lo que se tiene que corregir es la sobrerrepresentación.
En el gobierno actual de Claudia Sheinbaum, la discusión sobre la Reforma Electoral se ha reavivado con una propuesta en elaboración a cargo de una comisión presidencial, con Pablo Gómez, que presuntamente busca ajustes para reducir costos, mejorar la representatividad y adaptar el marco legal a los nuevos retos, como la concurrencia de elecciones ordinarias con las del Poder Judicial.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha entregado propuestas técnicas para mejoras puntuales, enfatizando la necesidad de preservar la autonomía, la certeza en los procesos y la viabilidad financiera del organismo, mientras se evitan cambios radicales que pongan en riesgo la confianza ciudadana en los comicios.
Las principales controversias giran en torno a propuestas como la reducción significativa del financiamiento público a los partidos políticos (prerrogativas), la posible eliminación o limitación de los diputados y senadores plurinominales, y ajustes en la estructura o independencia del INE, incluyendo debates sobre si mantener su autonomía constitucional plena o transitar a un concepto de “independencia” más acotado. Estas ideas han generado fricciones internas en la coalición gobernante, ya que aliados como el PT y el PVEM se oponen firmemente a recortes que afecten sus recursos y representación.
En el contexto reciente, la reforma se discute en medio de experiencias complejas como las elecciones concurrentes de 2024-2025 y la implementación de la elección popular de jueces, lo que ha evidenciado tensiones normativas, operativas y de transparencia. Mientras Sheinbaum argumenta que los cambios buscan eficiencia, ahorro presupuestal y mayor participación ciudadana, críticos, incluyendo al propio INE y expertos independientes, sostienen que cualquier modificación debe ser quirúrgica y no de ruptura, para no comprometer la integridad, equidad y legitimidad de las elecciones.
Hasta inicios de 2026, la propuesta sigue en fase de análisis y negociación, con un panorama incierto sobre si logrará consenso o terminará diluida, pospuesta o convertida en una versión mucho menos ambiciosa de lo originalmente planteado. (Emeequis).
