Testigo fiel
Por: Jesús Torres
Al descubierto irregularidades en la 4T
Con los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública 2020 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que detectó irregularidades por el orden de los 63 mil millones de pesos en obras clave como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, el discurso del tabasqueño en el combate a la corrupción no pasa de ser sólo una oferta política en lo que va de su sexenio.
¿A quién va a culpar López Obrador por el mal manejo de los dineros que halló la ASF? ¿A la mafia del poder? ¿A los neoliberales o conservadores? ¿A la prensa? ¿No ve que el principal cáncer de la corrupción lo tiene en su gobierno?
Si prometió atacar este mal como se barren las escaleras, de arriba para abajo, ¿qué espera para hacerlo? El inquilino de Palacio Nacional debe entender que en estos casos, como reza el dicho, el sol no puede taparse con un dedo.
Pero en vez de ordenar una investigación y castigar a los responsables, si es que los hay, lo primero que hizo AMLO, después de darse a conocer los resultados de la auditoría, fue amarrarse el dedo al asegurar que en su gobierno no hay ladrones.
¿A quién protege el originario de Macuspana? Porque no se trata de un asunto menor, tan solo en la construcción del nuevo aeropuerto la Secretaría de la Defensa Nacional no reportó 20 mil millones de pesos del fideicomiso con el que se paga la obra.
Por lo que hace al Tren Maya, las anomalías ascienden a mil 300 millones de pesos por sobrecostos, gastos no reportados e indemnizaciones sin justificación, una obra que saldrá más cara de lo planeado a los mexicanos.
Acerca de la refinería en Dos Bocas, la ASF encontró un monto de 59.2 millones en pagos indebidos a trabajadores, pagos en exceso por desmontaje de selva y contratos por adjudicación directa.
Por si eso fuera poco, en la revisión que se hizo a los programas sociales, de uso clientelar, la Auditoría Superior de la Federación también detectó anomalías.
Por ejemplo, en Sembrando Vida, un programa con el que AMLO prometió impulsar el desarrollo en zonas rurales, la ASF descubrió irregularidades por 900 millones de pesos.
De forma similar, en la pensión para adultos mayores se ubicaron problemas como 22 millones de pesos entregados a mil 567 personas que no cumplían con los requisitos para ser beneficiarias del programa y 10 millones de pesos entregados a 2 mil personas ya fallecidas.
La pregunta es: ¿Por qué no se ha llamado a cuentas a los responsables de estos programas y a los secretarios que tienen a su cargo las obras insigne de López Obrador? ¿No que están muy comprometidos con el combate a la corrupción?
