Sin embargo, el principio de subordinación de las funciones de las Fuerzas Armadas indica que estas no deben extenderse a aquellas propias de las instituciones policiales, pues «la participación del personal militar en estas funciones podría invadir sus competencias, afectar su naturaleza civil y trastocar el debido proceso».
La ONU-DH reconoció que el país enfrenta importantes retos en seguridad, pero advirtió que desde 2006 se ha evidenciado que la intervención de las Fuerzas Armadas en estas labores es disfuncional para reducir la violencia y, por el contrario, abona a violaciones de derechos humanos.
Por ello, llamó a gobierno y autoridades correspondientes a hacer una revisión del acuerdo bajo las consideraciones anteriores.
«(Esto) con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y la seguridad de la población, al tiempo que se fortalezcan las instituciones civiles de seguridad pública en México», expuso.
El acuerdo que faculta a las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública fue emitido el lunes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también fijó una postura al respecto.
Para el organismo, los términos «extraordinaria», «fiscalizada», «subordinada» y «complementaria», contenidos en el acuerdo, también son insuficientes y faltan al principio de la certeza jurídica.
«La participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública debe ser extraordinaria (…) pero el acuerdo no brinda elementos para respetar y garantizar dicha condición», indicó la CNDH en un comunicado. (CNN).