CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas acordó junto con sus homólogos integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el presidente Enrique Peña Nieto, instrumentar acciones concretas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y responder a la demanda de mayor seguridad y protección a periodistas y defensores de derechos humanos, ante los lamentables asesinatos de comunicadores ocurridos en diversos puntos de la República.
En reunión extraordinaria del organismo, que se llevó a cabo en la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto externó su más enérgica condena por los lamentables sucesos que lastiman a México, garantizó que el Estado Mexicano y los órdenes de gobierno están resueltos a combatir la impunidad y aplicar todo el peso de la ley a quienes cometieron los delitos, y dio a conocer medidas federales para hacer frente y reducir las situaciones de riesgo de la labor periodística.
“Como país no podemos ni debemos ceder ante a la violencia. Sociedad y gobierno tenemos que asegurar que la fuerza de la razón y la verdad prevalezca sobre la sinrazón de la violencia y el miedo. Es obligación del Estado Mexicano en su conjunto, otorgar garantías a periodistas para el desempeño de su profesión, especialmente ante la amenaza que hoy representa el crimen organizado”, aseguró.
Por su parte, el presidente de la Conago, Miguel Ángel Mancera dio lectura a la serie de acciones concretas que los mandatarios acordaron llevar a cabo como el compromiso de investigar con resultados evaluables los homicidios perpetrados contra periodistas, defensores de derechos humanos o colaboradores del periodismo; crear u homologar fiscalías especializadas dentro de las procuradurías estatales para la investigación y prevención de delitos cometidos contra periodistas; conformar mapas estatales de riesgo y agresión a periodistas con base en el mecanismo federal; dar cumplimiento cabal a la recomendación 24-2016 de la CNDH; trabajar con un protocolo unificado para establecer mecanismos de protección, prevención y de atención a víctimas de delito, y establecer un mecanismo de protección homologado con el correspondiente mecanismo federal.
