La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra la casa de bolsa Vector, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara su presunta participación en operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con información fiscal en poder de las autoridades mexicanas, la firma Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., identificada como empresa fachada del grupo criminal, transfirió 97.6 millones de pesos a Vector a través de 53 operaciones realizadas en 2017. La investigación fue turnada a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), encabezada por la FGR que dirige Alejandro Gertz.
Las transferencias documentadas ocurrieron entre enero y julio de 2017. Los depósitos realizados por Murata a Vector incluyeron montos desde los 187 pesos hasta cantidades mayores, como uno por 19.9 millones de pesos. El 12 de mayo de 2017, la empresa efectuó ocho transferencias que sumaron 27 millones de pesos en un solo día. En 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) catalogó a Murata como empresa fantasma definitiva, señalando que simulaba actividades comerciales y emitía facturas falsas para encubrir operaciones de lavado de dinero. La compañía se había constituido en 2014 por el hijo de Nino Ferrari Gleason, quien fue administrador de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias La Trilladora, operador financiero del Cártel de Sinaloa.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Vector, junto con CI Banco e Intercam, de desempeñar un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares para cárteles mexicanos. Según la acusación, un integrante del Cártel de Sinaloa lavó dos millones de dólares mediante transferencias desde Estados Unidos hacia México a través de Vector entre 2013 y 2021. Además, la firma habría sido utilizada para realizar pagos por precursores de fentanilo importados desde China. El Gobierno de Estados Unidos vinculó estas operaciones tanto al Cártel de Sinaloa como al Cártel del Golfo.
Un portavoz de Vector fue contactado por el diario El País para obtener una postura sobre la investigación abierta por la Fiscalía. “La casa de bolsa no comentará al respecto”, señaló el vocero. Vector es una firma de corretaje que gestiona 11,000 millones de dólares en activos. Entre sus accionistas se encuentra Alfonso Romo, exconsejero empresarial del expresidente Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2020. A raíz de las acusaciones del Gobierno estadounidense, la administración de Claudia Sheinbaum solicitó a las autoridades norteamericanas que presenten pruebas de sus señalamientos.
Una organización civil presentó recientemente una denuncia ante la FGR contra Vector y Murata, en la que se imputan los presuntos delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero. Junto con la denuncia, la organización entregó pruebas que documentan decenas de facturas que acreditan la relación comercial entre ambas entidades. Las pruebas han sido integradas a la indagatoria que ahora se encuentra en manos de la FEMDO.
Murata está vinculada con una red de empresas utilizadas para el blanqueo de capitales. Estas compañías comparten testaferros y registran movimientos financieros entre sí, una práctica común en esquemas de lavado de dinero. La FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han identificado a La Trilladora como uno de los principales operadores financieros del Cártel de Sinaloa, quien según las autoridades, lavó más de 6,000 millones de pesos mientras aparentaba ser un empresario. Aun después de ser detenido en 2015, se estima que blanqueó al menos 901 millones de pesos mediante su colaborador Nino Ferrari.
Una investigación previa de la FGR reveló que Ferrari utilizó como prestanombres a personas sin relación con los negocios, como meseras de Sanborns y su propia hija, para establecer las empresas fantasma ligadas a La Trilladora. Ferrari fue detenido en julio de 2024 acusado de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Por su parte, La Trilladora fue sentenciado en febrero de 2025, aunque el juez desestimó varios de los cargos principales en su contra.
Además del Cártel de Sinaloa, Murata sostuvo contratos con instituciones gubernamentales, especialmente en Nuevo León, durante administraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Según documentación fiscal, recibió más de 301 millones de pesos en contratos. De esa suma, 279 millones –el 92%– provinieron del Estado de Nuevo León. En algunos casos, los contratos públicos incluían servicios no relacionados con el supuesto giro militar de Murata, como talleres sobre sexualidad, accidentes viales y alcoholismo, contratados por la alcaldía de Monterrey durante la administración de Adrián de la Garza. Murata también ha sido relacionada con desvíos millonarios en Chiapas bajo el mandato de Manuel Velasco y con individuos involucrados en otros casos de corrupción como Eduardo Felipe Moisés Salomón, participante en el escándalo de las tarjetas Monex en 2012, y Salvador Campillo Talavera, implicado en la estafa piramidal de ads-broker que afectó a más de 5,000 inversores. Aunque estos vínculos habían sido denunciados localmente, la inclusión de Vector en la lista negra del Departamento del Tesoro ha provocado la apertura de una investigación a nivel federal. (Mas).
