El exmandatario de Sinaloa podrá disponer de recursos del IMSS, ISSSTE y la UAS; sus otras cuentas y operaciones financieras permanecen bajo restricciones.
El exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podrá disponer de aproximadamente 1.5 millones de pesos anuales provenientes de tres pensiones, luego de que una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenara liberar parcialmente dos de sus cuentas bancarias.
La determinación permitió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) levantar las restricciones sobre los depósitos correspondientes a sus prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
De acuerdo con información de Agencia Reforma, durante 2025 Rocha Moya reportó ingresos por aproximadamente 1.5 millones de pesos por concepto de estas prestaciones, una cantidad que prácticamente duplica los 797 mil 14 pesos que declaró por salario y otras percepciones como gobernador de Sinaloa.
En su declaración patrimonial, presentada el 20 de mayo de 2026, el exmandatario reportó 760 mil 313 pesos anuales por su jubilación en la UAS, institución de la que fue rector entre 1993 y 1997, así como 554 mil 697 pesos por su pensión del IMSS. También cuenta con una prestación del ISSSTE.
La resolución judicial fue emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, que concedió una suspensión provisional para garantizar el acceso a las ministraciones futuras de esas pensiones, al considerarlas recursos protegidos por el principio de inembargabilidad.
La UIF cumplió la determinación y liberó parcialmente dos cuentas bancarias el pasado 5 de noviembre. Sin embargo, el desbloqueo no significa que Rocha Moya haya recuperado el acceso a la totalidad de sus recursos financieros.
Las demás cuentas y operaciones continúan sujetas a las restricciones impuestas desde mayo de 2026, en medio de las investigaciones y los señalamientos de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La resolución judicial, por tanto, únicamente garantiza el acceso a sus ingresos por jubilación y pensiones, sin representar una exoneración ni una determinación sobre las investigaciones que enfrenta.
