La investigación sobre los presuntos vínculos entre servidores públicos de Tabasco y el grupo criminal La Barredora alcanzó a las administraciones de los exgobernadores Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos, luego de que la Fiscalía General del Estado reportara la emisión de 12 órdenes de aprehensión contra funcionarios.
De acuerdo con información publicada por el medio La Silla Rota, fuentes consultadas señalaron que la mayoría de las personas investigadas habrían formado parte de los gobiernos de ambos exmandatarios y que ya se habrían concretado las primeras detenciones.
El reporte representa un nuevo capítulo en las investigaciones sobre la presunta infiltración de estructuras criminales en instituciones públicas de Tabasco, particularmente en corporaciones de seguridad.
La Fiscalía estatal, encabezada por Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, informó que durante 2026 se iniciaron 201 carpetas de investigación por posibles delitos cometidos por servidores públicos. De estas, 186 permanecían en proceso de integración al corte del 23 de octubre.
Entre los casos que han trascendido se encuentra el de Cleofas Juárez Lara, quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata y fue detenido el pasado 23 de octubre, junto con otros elementos de esa corporación.
Asimismo, se ha mencionado a seis policías presuntamente relacionados con ese caso y a dos médicos legistas investigados por un supuesto fraude en el cobro de un seguro.
Las investigaciones incluyen posibles delitos de extorsión, fraude, cohecho, encubrimiento, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.
El caso adquiere especial relevancia por los antecedentes de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino, señalado por las autoridades como presunto dirigente de La Barredora y actualmente sujeto a procesos penales.
Hasta ahora, la Fiscalía no ha hecho pública la identidad de las 12 personas contra quienes se habrían girado las órdenes ni ha confirmado que todos los mandamientos judiciales estén relacionados con la organización criminal.
Tampoco existe una imputación pública contra los exgobernadores por estos hechos. Las investigaciones deberán establecer las responsabilidades individuales y respetar la presunción de inocencia.
